Itzel Ramírez/
El Diario de Juárez
Aunque la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya dado entrada a la controversia constitucional sobre la Ley Anticorrupción, el síndico Aarón Yáñez se dijo confiado en que, en su estudio, el órgano de control constitucional avale la reforma estatal.
“Es una cuestión institucional, ellos tienen que actuar conforme a lo jurídico, darle entrada no significa que esté considerada viable, es una reforma nacional anticorrupción, entonces yo confío plenamente en las instituciones como la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, mencionó Yáñez.
El síndico, que con la nueva reforma adquirió facultades de fiscalización, criticó la decisión del Ayuntamiento de Juárez de entablar una controversia, señalando que la determinación muestra la renuencia del gobierno encabezado por el alcalde Armando Cabada a someterse a revisión de sus cuentas.
“Esa decisión (recurrir la reforma anticorrupción) contrasta con lo que prometió (Cabada) que fue transparencia. Qué es lo que ellos quieren, ellos no le tienen miedo al escrutinio público, le tienen pavor”, mencionó.
Roberto Rentería, secretario del Ayuntamiento, entregó el 10 de octubre pasado a la Suprema Corte la controversia constitucional, que busca eliminar los artículos 142 bis y 170 de la Constitución Política del Estado de Chihuahua, en donde se establece que el titular de la sindicatura de cada Ayuntamiento tiene a su cargo la vigilancia de la Hacienda Pública.
Además, el artículo 170 que establece que los síndicos municipales son el órgano fiscalizador de los Municipios y que forman parte del Sistema Estatal de Fiscalización, al que deberán apoyar en la implementación de reformas para mejorar el seguimiento al gasto del erario.
Al aprobar la reforma, los legisladores del Congreso del Estado, argumentaron que otorgar a la sindicatura la función de fiscalizar le daba sentido a un puesto que en los últimos años ha perdido relevancia y sentido.
Yáñez consideró que la sindicatura es una figura que necesita de facultades que permitan fortalecerla.
“Es una figura que requiere de ser apoyada para que se convierta en un ente más fuerte… lo que le hace falta es que pueda sancionar en el orden del marco jurídico, yo estoy de acuerdo en que se amplíen esas facultades a la sindicatura porque eso va a permitir que los funcionarios que al final del día son servidores públicos, hagan su trabajo de una mejor manera”, aseguró.
Yáñez dijo que la razón esgrimida por el Municipio en la controversia, que el síndico es una figura política a la que se le darían herramientas fiscalizadoras, es incorrecta, ya que todos los funcionarios públicos que han llegado a su puesto por la vía de las urnas son políticos, tanto como el titular de la sindicatura; sin que ello impida que desarrollen todo tipo de funciones.