Araly Castañón/
El Diario de Juárez
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio entrada a la controversia constitucional que el Municipio interpuso contra la Ley estatal Anticorrupción, dio a conocer el alcalde, Armando Cabada.
Explicó que la Suprema Corte de Justicia realiza un primer filtro al revisar la solicitud para determinar si existe un sustento legal a fin de poder ingresar una controversia como la que presentó el Gobierno municipal.
“Ya la ingresaron, ese es un buen dato y ahora tendremos que esperar sus tiempos para que la resuelvan”, declaró.
El pasado 10 de octubre el secretario del Ayuntamiento, Roberto Rentería Manqueros, entregó ante la SCJN la controversia constitucional, específicamente en contra del esquema para designar al encargado del control interno municipal.
La reforma a la Constitución Política del Estado de Chihuahua, que crea la Ley Anticorrupción se publicó el 30 de agosto en el Periódico Oficial del Estado.
El lunes 28 de agosto, el Ayuntamiento votó en contra del Sistema Estatal Anticorrupción que fue aprobado por los diputados el 19 de julio.
Posteriormente en la sesión del 21 de septiembre, el Cabildo autorizó al presidente municipal y al secretario del Ayuntamiento, presentar una controversia constitucional ante la SCJN en contra de la Ley Anticorrupción.
La impugnación es relativa únicamente al órgano de control interno de los Municipios, que es la figura del síndico, acordaron los ediles.
El secretario del Ayuntamiento dio a conocer que en esta petición se pide a la Suprema Corte determinar que es un error dar facultades fiscalizadoras a una figura política.
“Por ser una posición de elección popular no puede exigírsele experiencia profesional ni perfil académico para el ejercicio de la labor de fiscalización y que por ello mismo, no puede tampoco ser removida de su cargo, como lo es el caso de los síndicos municipales”, expuso Rentería Manqueros.
En este decreto se contiene una contradicción grave, pues en la propia reforma constitucional del Estado se indica que los fiscalizadores a nivel estado deben tener carrera profesional, experiencia laboral en esa área y auditoría y además se les debe exigir rendición de cuentas, se informó.
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