Sandra Rodríguez/
El Diario de Juárez
Que un agente policiaco repruebe un examen de confianza o se le detecte como “no apto” para funciones de seguridad implica sólo que se le dé de baja de la corporación, pero no que se le investigue ni que se le denuncie por probable relación con la delincuencia organizada.
Y esta falta de seguimiento a las alertas que arrojan los exámenes, planteó Irma Medrano Flores, exdirectora del Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza del estado, es motivo de que, después de casi una década de haberse implementado, este mecanismo que busca evitar la infiltración criminal sea un fracaso.
“Lo único que se logró incluir en el reglamento fue que, de salir en ese sentido (reprobado), el agente tenía que ser dado de baja”, explicó Medrano, regidora actual del Ayuntamiento de Juárez y, en 2009, primera directora de la institución encargada de aplicar los exámenes en el estado.
De acuerdo con el fiscal general del Estado, César Augusto Peniche, el reglamento persiste y no hay obligación de investigar o denunciar a los agentes que reprueben las evaluaciones.
El destino de cada agente reprobado, explicó por separado Érika Jasso, actual Fiscal de Control, Análisis y Evaluación de la Fiscalía General, es de cada alcalde, el cual puede incluso determinar si reubica al empleado en un área diferente a la seguridad pública.
Para Medrano, otra falla en el mecanismo es que las pruebas de control de confianza se aplican una vez que los agentes ya han sido incorporados a las filas de las corporaciones y no desde que buscan su ingreso.
Medrano fue consultada luego de la detención de Julio César Escárcega Murillo, alias “El Tigre”, considerado jefe de una célula criminal con operación en el occidente del estado y quien también, según datos de Fiscalía, fue policía municipal de Cuauhtémoc entre 1999 y 2007, y entre 2007 y 2012.
Su padre, además, fue también director de Seguridad Pública en el municipio de Carichí entre 2010 y 2013, así como subdirector de Protección Civil en el mismo municipio desde octubre de 2016 y hasta octubre pasado, cuando fue secuestrado.
“El Tigre” es el más reciente caso de un expolicía convertido en presunto jefe de la delincuencia organizada, patrón que se ha observado en la problemática criminal de la entidad a lo largo de los años.
Tan sólo en 2012, al difundir una acusación contra lo que denominó como estructura del Cártel de Sinaloa en Ciudad Juárez, el gobierno federal norteamericano identificó a 11 expolicías —estatales y municipales— trabajando para esa organización criminal.
“Hemos simulado los exámenes, las carreras, la capacitación; no se cumple a cabalidad ¿Por qué tenemos los mismos problemas, si hemos tenido innovaciones? Algo está pasando, que no se está cumpliendo con los objetivos”, dijo Medrano.