S. Rodríguez/B. Carmona/
El Diario de Juárez
La falta de un Centro de Justicia Penal Federal en esta frontera ha encarecido la defensa de los acusados, quienes deben asumir los gastos de diversos viajes a la ciudad de Chihuahua, dijeron abogados.
En entrevistas, plantearon que si el acusado está libre –como ocurre en casos de posesión de arma de fuego– corre a su cargo el traslado a la capital para la o las audiencias en las que se resolverá su situación jurídica.
También, agregaron, el acusado debe pagar por los desplazamientos de los testigos o peritos que sean necesarios para su defensa y que, si además es conducida por un abogado particular, puede costar hasta seis mil pesos diarios para gasolina, peaje, alimentación y, si se requiere, estancia en la capital del estado.
Para los testigos, dijeron, los traslados significan además pérdidas de días laborales.
“En ocasiones, hemos tenido el inconveniente de que se requiere presentar testigos, medios de prueba para favorecer a las personas en la vinculación o en un juicio, y no tienen dinero”, dijo Leticia Valdenea, defensora pública adscrita al Centro de Justicia Penal Federal en Chihuahua.
“O bien los testigos no se pueden trasladar porque no pueden dejar su fuente de trabajo para ir a Chihuahua, y eso crea una indefensión, falta de acceso a la justicia puesto que son más de 300 kilómetros de distancia a cargo de él (el acusado); es una dificultad bastante grande para ellos”, agregó.
El defensor particular Manuel Pineda comentó que los traslados encarecen el cobro de los servicios legales privados hasta en seis mil pesos por día, y que suelen ser mínimo dos en el inicio de cada procedimiento penal federal.
“Son dos audiencias, y hay que trasladarse, trasladar a los testigos, los peritos, con costo al cliente”, dijo Pineda, que agregó que el encarecimiento de los servicios, a su vez, ha reducido el campo para el ejercicio de esta profesión.
Los abogados fueron entrevistados luego de que el Consejo de la Judicatura Federal publicara en el Diario Oficial de la Federación que declaró desierta la licitación para construir un Centro de Justicia Penal en esta frontera.
La obra, de acuerdo con la convocatoria emitida en abril, estaba prevista para iniciar en junio pasado y concluir en diciembre próximo.
“A los procesados les está causando un agravio grandísimo, puesto que les vulnera la economía, la seguridad jurídica, una adecuada defensa, independientemente de que les pongan un defensor público de la ciudad de Chihuahua; pero, ante los gastos, muchas familias no pueden soportar pagar los traslados”, dijo José Antonio Navarro Castañeda, también litigante particular e integrante de la Asociación de Abogados Penalistas de Ciudad Juárez.
Los causas federales generadas con la entrada en vigor del nuevo sistema de justicia penal acusatorio, que la Judicatura Federal contabiliza en mil 512 en el estado de Chihuahua, se llevan a cabo en el único Centro de Justicia que hay en Chihuahua, ubicado en la capital del estado.
Los entrevistados coincidieron en estimar que más de la mitad de esta carga de asuntos procede de Ciudad Juárez.
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