Sandra Rodríguez Nieto/
El Diario de Juárez
Hubo en esta frontera un movimiento de resistencia al centralismo y en defensa de la autonomía municipal que llevó a una de sus figuras, el alcalde panista Francisco Villarreal Torres, durante cinco días a la cárcel.
Era abril de 1995 y el edil, maestro en filosofía, hijo de empresarios y con preocupaciones filantrópicas, había instalado casetas de peaje no oficiales en el puente internacional Paso del Norte.
El motivo: recaudar para Juárez el “cien por ciento” del dinero que pagaban los usuarios de los cruces y que entonces se destinaba en un 75 por ciento al Gobierno federal.
Era una lucha inusual en México que, con el dinero de los puentes de por medio, aludía al “federalismo” y a “el municipio libre” garantizados en el Artículo 115 Constitucional.
Veinte años después, el reclamo fue de nuevo expuesto ante el Gobierno federal, ahora en manos de Enrique Peña Nieto que, en una visita a esta frontera en enero de 2015, lo recibió a través de los empresarios fronterizos, entonces representados por Alejandra de la Vega Arizpe, hoy secretaria de Innovación y Desarrollo Económico del Gobierno del panista Javier Corral Jurado.
“Estos proyectos desarrollados por el Consejo Coordinador Empresarial, y algunos otros que se mencionan en la carpeta que le haremos entrega, serán el inicio de un plan de recuperación total de nuestra ciudad”, le dijo De la Vega a Peña Nieto en el evento oficial.
“Por lo que le pedimos se instale formalmente una mesa interinstitucional, con participación ciudadana, liderada por el secretario de Hacienda, el doctor Luis Videgaray, donde se asegure la realización de estas iniciativas, y que sea capaz de articular los proyectos necesarios”, agregó la hoy funcionaria.
Respaldo de deuda
La respuesta de Peña Nieto, que fue entregar la concesión de los puentes, llegó en febrero siguiente, en voz de Videgaray Caso y, de nuevo, en reunión con los empresarios juarenses, en esa ocasión en la casa del empresario Federico de la Vega y con la presencia del entonces gobernador priista, César Duarte Jáquez.
El plan que se concretó después, sin embargo, fue ceder la concesión pero no al Municipio de Juárez, sino al Gobierno del Estado que, para recibirlos, gestionó a lo largo de los meses siguientes la creación de una entidad paraestatal denominada Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua, constituida finalmente el 10 de diciembre de 2015.
El Gobierno Federal, por su parte, se mantuvo a través del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), en calidad de “fiduciaria” del Fideicomiso público, también conocido como Fondo Juárez.
Los beneficios para “la población de Juárez con un impacto social favorable”, además, quedaron indirectamente señalados en el contrato del Fideicomiso y sólo entre los “antecedentes”.
En la cláusula que establece cuáles son los “fines” del Fideicomiso, en cambio, los proyectos para Juárez ya se llaman “de Inversión” y son sólo parte de otros 27 objetivos, entre los cuales están antes la construcción de “cierta obra” en los cruces –estimada en 600 millones de pesos aún no ejercidos– y la liquidación de la anterior concesionaria del Puente Zaragoza, a la que se le pagaron 371.3 millones de pesos.
Otro de los “fines” del Fideicomiso, y que es el que a su vez incluye “los proyectos de inversión en Juárez”, es el de “contratar financiamientos o emitir directa o indirectamente deuda respaldada por los flujos derivados de la concesión”.
Con esa regla, el 21 de diciembre de 2015, después de concretado el Fideicomiso público, Banobras le entregó dos créditos por un total de dos mil millones de pesos y, ese mismo día, firmó otro fideicomiso de carácter privado y confidencial, manejado por Nacional Financiera (Nafin) y que sirve como fuente de pago de los mismos financiamientos.
“Son fines del Fideicomiso que el fiduciario (…) reciba los derechos de cobro y administre los recursos derivados de éstos hasta que culmine la vigencia de la concesión (30 años) con base en lo previsto en el título de concesión, este contrato (…) y los demás instrumentos en los que se formalicen otros financiamientos”, dice el Contrato de Fideicomiso Irrevocable de Administración y Fuente de Pago.
“(Otro fin es que) pague los créditos y, en su caso, los demás financiamientos obtenidos por el Fideicomiso Público”, agrega el documento.
Una fuente consultada en la Secretaría de Hacienda estatal de la anterior administración asegura que la idea de generar deuda con cargo al dinero de los cruces fronterizos fue de Videgaray, experimentado desde que trabajaba para el sector privado en la promoción de préstamos para las entidades federativas.
Videgaray, además, recuerda, el funcionario federal insistía en que los recursos de los puentes debían aplicarse a proyectos que generaran ganancias y montos de retorno, como el transporte público o un centro de convenciones; pero no en aquellos que significaran sólo “gasto”, como los proyectos de pavimentación.
Otro promotor de la idea del endeudamiento con los ingresos de los puentes, agrega el entrevistado, fue Abraham Zamora Torres, entonces director general de Banobras.
Aún sin el 100 por ciento
Por estos acreedores, dice el director actual del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua, Gustavo Elizondo, cada peso o dólar que se recauda en los cruces internacionales se destina diariamente al fideicomiso privado manejado por Nafin.
“Todo eso se le deposita diariamente a Nafin”, dice el también exalcalde panista al mostrar la estadística de ingresos.
En total, de acuerdo con estos datos, se trata de 571.8 millones de pesos recaudados entre enero de 2016 y septiembre pasado en los puentes Paso del Norte, Lerdo-Stanton, Zaragoza-Ysleta y Guadalupe-Tornillo.
La mayoría de ellos, 318.9 millones, ingresaron por el puente Zaragoza.
Al municipio de Juárez, sin embargo, en el mismo período, le ha tocado recibir sólo cuatro obras de pavimentación valuadas en 75.5 millones de pesos, iniciadas en agosto pasado y con un avance, en promedio, de 55 por ciento.
Otros 80 millones de pesos generados como “remanentes” a través del Fideicomiso, informó Elizondo, serán para el CIITA, uno de los proyectos empujados por los empresarios desde 2015 y aún no iniciado.
“La impresión que me da es que la ciudadanía siente que no hemos hecho la inversion en obra que los juarenses están esperando, entonces dijeron ‘ya, los ingresos de los puentes son nuestros, esperamos verlos reflejado en obra”, dice Elizondo.
“Lo cierto es que lo que se ha hecho no es poco, pero no se ha difundido”, asegura.
Las cuatro obras de pavimentación, ubicadas tres de ellas en avenidas primarias, suman en total 189 mil 803 metros cuadrados, y son los únicos avances, explica el equipo de Elizondo, por la extensa normatividad de un Fideicomiso “único” en México.
“Está el decreto, el título de concesión, un contrato que regula el Fideicomiso público, un contrato que regula el fideicomiso privado, las reglas de operación después de que baja para los proyectos de inversion; está el comité de inversiones, el de vigilancia”, enlista Damián Noriega, director de operaciones de la paraestatal.
“Nos regimos bajo la Ley de Entidades Paraestatales, la Ley de Adquisiciones, Obra y Arrendamiento Público, obviamente la Ley de Egresos; entonces, tenemos que dar cumplimiento a todas las leyes que encierran este fideicomiso (…) hay disposiciones que chocan unas con otras”, agrega.
Para el municipio de Juárez, mientras, las obras iniciadas significan poco más del uno por ciento de los alrededor de 16 millones de metros cuadrados que carecen de pavimento.
“Ese es todo el tema: el Fideicomiso no lo maneja el Municipio, es una condición al Estado; nosotros tenemos dos sillas ahí, dos votos; es todo lo que tenemos (…) De un primer proyecto de 43 calles, se redujo a seis y dan las razones del porqué la normatividad del Fideicomiso”, dice en entrevista el alcalde de Juárez, Armando Cabada.
“Esa concesión se otorgó a Juárez para pavimentar, al menos así nos lo vendieron, pues hagamos caso a eso, que vayamos a pavimentar calles nuevas, no generar recarpeteo”, agrega.
Mil millones en un año
La ventaja del esquema de endeudamiento es para el Gobierno del Estado, plantea Elizondo, y es que puede disponer en cualquier momento de los créditos gestionados por Banobras que, después de pagos por mil millones obligados por el fin de la concesión y las obras en los cruces, estima en alrededor de otros mil millones de pesos.
Dinero cuyo destino, agrega el funcionario, la administración estatal actual planea definir en su totalidad en sólo un año: el próximo 2018.
Esto, aun cuando tuvieron que pasar 20 meses para que Ciudad Juárez viera los primeros 75.5 que iniciaron a ejercerse en agosto pasado.
“Yo creo que es mucho más benéfico la utilizacion del crédito; si fuera nada más pensando en los recursos propios, imagina: la obra se iba a dar a cuenta gotas en Ciudad Juarez”, dice Elizondo.
“Y, en cambio, utilizando la línea de crédito, el próximo año estaremos en condiciones de invertir mil millones de pesos en un año”, agrega.
Representatividad
Las propuestas de qué hacer con los recursos del crédito, de acuerdo con Elizondo, son de un Comité de Inversión en el que participan el alcalde de Juárez y, por la “sociedad civil”, grupos de la iniciativa privada.Entre ellos el Consejo Coordinador Empresarial, Grupo CMI, Auto Pronto, Grupo Imperial y Grupo de la Vega; éste último, representado en el comité por Guadalupe de la Vega Arizpe, hermana de la hoy secretaria de Innovación, esposa del exsecretario de Economía de César Duarte, Alvaro Navarro, e identificada en el Fideicomiso como otra de sus principales impulsoras.
“Fue una lucha que si bien es cierto la llevó a cabo el señor Villarreal (…) el común ha sido el sector privado, y fue quien verdaderamente tuvo el logro de decir: los ingresos de los puentes, y el manejo de los puentes, pasa a través del Gobierno del Estado a manejarse por un fideicomiso”, dice Elizondo.
Para el abogado Sergio Conde Varela, columnista y uno de los activistas que participó en el movimiento de mediados de los años 90 por el “municipio libre”, sin embargo, se trata de un modelo que deja fuera no sólo a los impulsores originales de esta lucha, sino a la sociedad juarense en general.
“Aquí no sólo es la sociedad de los empresarios”, dice en entrevista el abogado. “La población en general no está representada (…) resulta que todos los demás sólo estamos viendo lo que hace un grupo de notables; son trabajadores, pero esos bienes no son de ellos: son de toda la gente”, afirma.
Los ingresos
571.8 millones de pesos
De enero de 2016 a septiembre de 2017
• Puentes
Paso del Norte, Lerdo-Stanton, Zaragoza-Ysleta y Guadalupe-Tornillo
318.9 millones de pesos ingresaron por el puente Zaragoza
• De los remanentes, a Juárez le han tocado 75.5 millones de pesos
• Otros 80 millones de ‘remanentes’ serán para el CIITA
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