Gabriela Minjáres/
El Diario de Juárez
Los aumentos a las multas viales aprobados por el Ayuntamiento de Juárez atentan contra los derechos humanos porque son desproporcionados y excesivos, ya que no corresponden al ingreso per cápita de los ciudadanos y tampoco están sustentados, advirtió el derechohumanista Carlos Gutiérrez Casas.
Con esta medida que hace un mes entró en vigor, aseguró el visitador general de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y actual maestro investigador en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), las personas a las que se les imponga una multa pueden acudir a organismos de defensa.
Además, mencionó que otra opción es recurrir como sociedad a las acciones colectivas a través del referéndum derogatorio establecido en el Código Municipal para el Estado de Chihuahua, procedimiento que, anticipó, un grupo de la sociedad civil analiza impulsar.
“Es totalmente violatorio a muchos derechos que tienen que ver con la proporcionalidad, con los derechos humanos, que tiene que ver con los derechos económicos y sociales, pero también tiene que ver con la transparencia y además es inequitativo porque cobran multas sin tomar en cuenta los ingresos de la gente”, afirmó.
Explicó que la Constitución mexicana establece en el artículo 31 que los mexicanos están obligados a contribuir para los gastos públicos de la Federación, estados y municipios en que residan, pero “de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes”.
Mientras que el artículo 21 de la misma Carta Magna menciona que “si el infractor de los reglamentos gubernativos y de policía fuese jornalero, obrero o trabajador, no podrá ser sancionado con multa mayor del importe de su jornal o salario de un día”.
Además, “tratándose de trabajadores no asalariados, la multa que se imponga por infracción de los reglamentos gubernativos y de policía, no excederá del equivalente a un día de su ingreso”.
“En estas modificaciones al Reglamento de Vialidad y Tránsito del Municipio no hay nada de eso”, subraya.
Tampoco, añadió, hay transparencia de a dónde se va ese dinero que se recauda por las multas viales y, en el plano político, hay un alejamiento entre el Cabildo con el gobernado.
El derechohumanista dijo que los ciudadanos que sean infraccionados y se les apliquen los nuevos cobros, pueden recurrir a la CEDH a interponer una queja o a la justicia federal para promover un amparo, o las dos opciones al mismo tiempo.
Explicó que la queja ante la Comisión se puede presentar hasta un año después de aplicada la multa y para el amparo sólo hay un período de 15 días hábiles, pero la única diferencia es que por la primera vía se puede emitir una recomendación y por la segunda se puede lograr la suspensión del acto reclamado.
En el caso del referéndum, dijo que se trata de una actividad colectiva que se puede promover con la finalidad de derogar las modificaciones al reglamento vial, porque aun cuando no procede en materia financiera y de contribuciones, la autoridad municipal ha manifestado que no tienen afanes recaudatorios.
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