Araly Castañón/
El Diario de Juárez
El Municipio interpuso ayer la controversia constitucional en contra de la Ley estatal Anticorrupción ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), informó el secretario del Ayuntamiento, Roberto Rentería Manqueros.
La inconformidad es únicamente en lo relacionado con el órgano interno de control de los municipios, explicó el alcalde, Armando Cabada Alvídrez.
Dijo que el secretario del Ayuntamiento viajó ayer a la Ciudad de México, donde entregó el documento en el que se presentan los argumentos para que el tema sea analizado en la SCJN.
“Esta petición no tiene nada que ver con una persona en particular, sino con la figura que representa, ya que el haber aprobado atribuciones fiscalizadoras al síndico, y al haber emanado este de un partido político, el tener facultades para sancionar, lejos de mostrarse imparcial, pudiera prestarse a intereses partidistas”, explicó.
El secretario del Ayuntamiento dio a conocer que en esta petición se pide a la Suprema Corte determinar que es un error dar facultades fiscalizadoras a una figura política.
“Por ser una posición de elección popular no puede exigírsele experiencia profesional ni perfil académico para el ejercicio de la labor de fiscalización y que por ello mismo, no puede tampoco ser removida de su cargo, como lo es el caso de los síndicos municipales”, expuso.
En este decreto se contiene una contradicción grave, pues en la propia reforma constitucional del Estado se indica que los fiscalizadores a nivel estado deben tener carrera profesional, experiencia laboral en esa área y auditoria y además se les debe exigir rendición de cuentas.
“Por lo que en caso de no cumplir las metas y expectativas, las personas serán sustituidas, pero sobre todo, que deben ser ajenas a los partidos políticos”, indicó el secretario.
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