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El Diario de Juárez
Tres personas acusadas de haber cometido un secuestro agravado y un robo calificado en el 2015 en el poblado Barriales, como parte de una organización delictiva dirigida por el presunto narcotraficante Mauricio Luna Aguilar apodado “El Papacho", resultaron positivo al Protocolo de Estambul.
Durante el desahogo del juicio oral Isidro Soto Aguilar, alias “El Pantera”; Juan Carlos Luria, “El Parral”, y Juan Cuéllar Cereceres, “El Quintana”, solicitaron que se les aplicara el Protocolo de Estambul tras denunciar que fueron torturados al momento de su detención.
Por su parte, “El Papacho” primero se negó a que se le practicara el Protocolo, luego solicitó el estudio y días después presentó un escrito para desistirse. Además él ha demostrado un total desinterés en ese enjuiciamiento y se ha negado a estar presente en las audiencias. Sólo en una ocasión fue llamado por el Tribunal porque se requería que un testigo protegido lo tuviera a la vista para ver si lo reconocía.
El viernes pasado comparecieron ante el Tribunal de Enjuiciamiento el médico y el psicólogo que practicaron los estudios a los otros acusados e informaron a los jueces que sí encontraron evidencia de que los procesados fueron objeto de golpes y malos tratos.
Al ser entrevistado por los profesionistas que elaboraron el Protocolo, Juan Cuéllar dijo que recibió golpes en el rostro y fue objeto de asfixia.
Juan Carlos Luria señaló que le pegaron con un marro pequeño, le pusieron toallas mojadas en el rostro para simular que lo iban a asfixiar y le dieron golpes con las culatas de las armas de fuego.
Isidro Soto afirmó que le dieron descargas eléctricas y una golpiza.
Esta fue la única prueba presentada por el abogado defensor de los cuatro detenidos. El litigante también hizo suyas las pruebas del Ministerio Público (MP), las cuales se desahogaron primero, pero ya no volvió a llamar a los testigos para volver a interrogar en lugar de eso se desistió de que volvieran a declarar.
En la acusación presentada por el MP en contra de las cuatro personas y que es motivo de este juicio, se señala que entre las 01:30 y 06:30 horas del 18 de enero del 2015 ellos y otras personas aún no identificadas y quienes portaban armas de fuego ingresaron a un domicilio entre las calles Coahuila y Durango en el poblado de Barreales.
En ese lugar fue privado de la libertad Rogelio Ochoa Ávila, a quien llevaron a un sitio no identificado.
Entre los días 18 y 19 de enero del 2015, Juan Cuéllar Cereceres y otra persona no identificada regresaron a la misma casa para llevarse dos vehículos.
Entre los días 19 de enero y 4 de febrero del 2015 en un lugar desconocido, Ochoa Ávila fue asesinado a balazos y su cadáver inhumado de forma clandestina en una fosa abierta en una brecha del poblado Juárez y Reforma, en el municipio de Guadalupe.
El ministerio público encuadró los hechos como constitutivos del ilícito de secuestro en términos de lo previsto en la Ley Antisecuestro federal y lo consideró agravado porque la víctima fue asesinada.
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