Salvador Castro/
El Diario de Juárez
Una delegación encabezada por Kerry Kennedy y un equipo de profesionales del Robert F. Kennedy Human Rights, visitaron ayer esta ciudad para impulsar junto con el Centro para el Desarrollo Integral de la Mujer A. C. (Cedimac) justicia para las víctimas de feminicidio y la búsqueda de niñas y adolescentes desaparecidas.
La visita coincidió con la notificación del informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en la que casi a 8 años de la sentencia Campo Algodonero, el Estado mexicano nuevamente es llamado a cuentas por la justicia internacional por la violencia feminicida persistente en Ciudad Juárez.
Kennedy, sobrina de de Robert F. Kennedy, acudió junto con la actriz estadounidense Catherine Keener, la filántropa neoyorquina, Karen Mehiel y un equipo de profesionales del Robert F. Kennedy Human Right, que se entrevistó con la Fiscalía de Género para expresar su preocupación por la falta de cumplimiento de la sentencia Campo Algodonero y por la falta de atención adecuada a los delitos de violencia de género.
“Las mamás son las verdaderas heroínas de nuestro tiempo, con muy pocos recursos y su valentía han luchado incesantemente; nosotros estamos orgullosas de estar con ellas en esta búsqueda de justicia”, expresó Kennedy.
Señaló que están preocupadas por el incremento de número de desapariciones y asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez y también por la persistencia de la impunidad.
“Nos reunimos con la Fiscalía de Género y observamos de la falta de recursos técnicos y humanos, lo cual muestra una falta de interés terrible por conseguir justicia en estos casos”, expresó.
Dijo que en abril pasado el gobernador se había comprometido ante las organizaciones de la sociedad civil, con las familias y las víctimas para eliminar la violencia de género, pero una vez y otra vez ha fallado en concretar acciones.
“Se comprometió a adoptar el Protocolo Latinoamericano de Investigación de Homicidios, pero aún no ha dado la orden para que este sea adoptado; 33 mujeres han sido asesinadas en Ciudad Juárez en este año y cuántas mujeres más tendrán que morir para que el gobernador de esa orden”, señaló.
Dijo que este era un momento clave para que el gobernador y las demás autoridades demuestren la sinceridad de su compromiso y asignen el presupuesto y los recursos necesarios para que realmente combatir la violencia generalizada contra las mujeres.
Mencionó que en la Fiscalía de Género hay más de 7 mil expedientes abiertos de violencia sexual y solo cuentan con 13 investigadores; 18 mil expedientes abiertos en casos de violencia doméstica y solamente hay 11 investigadores.
Señaló que no se puede decir que se está siendo sincero en cumplir el compromiso y solamente asignar 11 investigadores que tienen que lidiar con los miles de casos.
“Es tiempo de que se esclarezcan los hechos, de que los nombres de todas las víctimas estén inscritos en las paredes del memorial de esta ciudad”, expresó.
Durante una conferencia de prensa se dio a conocer que en el informe, la CIDH decidió acumular los casos de Silvia Elena Rivera Morales, Brenda Berenice Delgado Rodríguez, Cecilia Covarrubias Aguilar, María Sagrario Flores, Olga Alicia Carrillo Pérez y María Elena Chávez Caldera –desaparecidas en el período de 1995 al 2003–.
Señala que a pesar de que la desaparición de las víctimas fue denunciada ante las autoridades, no fueron buscadas de manera oportuna y con debida diligencia, y lo único que apareció fueron sus restos en diferentes lugares y circunstancias.
Menciona que han transcurrido entre 14 y 22 años desde que ocurrieron los hechos, los autores de los mismos se encuentran en total impunidad y se producen afectaciones a madres, familiares de las víctimas, las cuales se han agravado y profundizado con el transcurso del tiempo, siendo consideradas también como víctimas por parte de la CIDH.
Con la emisión de este informe se abrirá el caso a examen a fondo, en el cual, tanto las peticionarias como el Estado presentarán pruebas ante la CIDH, para lo cual el organismo emitirá el informe de fondo a fin de determinar las responsabilidades en que haya incurrido el Estado mexicano.
Además formulará recomendaciones tendientes a reparar las consecuencias ocasionadas y garantizar la no repetición de los hechos, estableciendo un plazo para hacerlo. De no atender tales recomendaciones, el caso será sometido ante la Corte Interamericana.
La delegación también se reunió con las madres de las víctimas para actualizar e intercambiar información, y acordar nuevas estrategias ante la etapa de fondo abierta con el informe mencionado.
Dieron a conocer que tanto las madres de las víctimas como las organizaciones esperan que, tanto el Gobierno federal como el Gobierno de Chihuahua, enfrentan los desafíos contenidos en el informe publicado por la CIDH.