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El Diario de Juárez
Los seis hombres detenidos en el ejido Loma Blanca por parte de los elementos del Ejército Mexicano y la Comisión Estatal de Seguridad (CES) durante la tarde del domingo pasado, salieron libres el martes pasado, dio a conocer el vocero de la Fiscalía General del Estado (FGE), Julio César Castañeda López.
Daniel Alonso V. C., de 21 años; David G. V., de 27; José Carlos A. D., de 25; Marco V. C., de 21; Salvador Q. G., de 24, y Manuel Alberto H. Q., de 28, fueron presentados por la autoridad como presuntos sicarios.
Además, presuntamente fueron descubiertos en posesión de un arma de fuego tipo escuadra calibre 9 milímetros, además de 22 cartuchos útiles para la misma pistola y un revólver calibre .38 especial.
El grupo, según dio a conocer la FGE mediante un comunicado de prensa, se desplazaba a bordo de un vehículo tipo pickup Cheyenne, color blanco, modelo 2013, con reporte de robo y fueron interceptados en el cruce de las calles Lázaro Villa y Francisco Puebla.
Los familiares de los detenidos denunciaron públicamente el arresto irregular de sus seres queridos por parte de militares y agentes estatales, al asegurar que ninguno de ellos poseía armas de fuego; que sólo cuatro viajaban en el vehículo y que dos hermanos fueron detenidos sin que existiera una relación con los tripulantes del vehículo.
Además, afirmaron que las seis personas fueron víctimas de procedimientos irregulares por parte de los militares y del personal de la Comisión Estatal de Seguridad (CES).
Las quejosas afirmaron que sus seres queridos son ajenos a cualquier actividad ilícita y que ahora temen por la integridad de las familias, al ser vinculados a delitos graves.
“No son sicarios, son personas trabajadoras de la maquila y la construcción”, afirmó la madre de David y Daniel V.
Julio César Castañeda López, vocero de la CES, dio a conocer ayer que antes del término de las 48 horas, los detenidos obtuvieron su libertad bajo reserva de ley y así continuarán su proceso legal.
La FGE no encontró elementos de prueba suficientes para consignar la carpeta de investigación ante un Tribunal de Control, determinó la representación social.
En tanto, los familiares demandaron a las autoridades investigadoras que sus seres queridos no fueran expuestos ante la opinión pública como criminales, por violentar el principio de presunción de inocencia.
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