Araly Castañón
El Diario de Juárez
El Cabildo autorizó al presidente municipal, Armando Cabada y al secretario del Ayuntamiento, presentar una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra de la Ley Anticorrupción, aprobada recientemente por el Congreso del Estado.
La impugnación es relativa únicamente al órgano de control interno de los Municipios, que es la figura del Síndico, acordaron los ediles.
En la discusión del punto, la regidora coordinadora del PRI, Laura Tapia, cuestionó que el Ayuntamiento esté en contra de la transparencia.
"Es algo que la ciudadanía exige a gritos, porque ahora esta administración no la vota a favor, por qué está en contra de la ley de que podamos ser observados", manifestó.
Anteriormente el Cabildo hizo un exhorto al Congreso del Estado, cuando la ley estaba en proceso de elaboración, para reconocer la incompatibilidad técnica, jurídica y política en relación con el órgano de control interno de los Municipios, explicó el secretario del Ayuntamiento, Roberto Rentería Manqueros.
Sin embargo, el estatuto se aprobó sin tomar en cuenta la sugerencia del Municipio de Juárez, y por esa razón posteriormente el Cabildo votó en contra de las reformas a la Constitución del Estado de Chihuahua, que crea la Ley Anticorrupción.
En otro asunto de la sesión de ayer, el Ayuntamiento aprobó exhortar al gobernador del Estado, Javier Corral y al presidente de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS), Jorge Domínguez Cortés, se respete el derecho humano al agua y se incremente el gasto mínimo de agua por familia, además que no se cancele el suministro de agua potable.
"Ya que es arbitrario e inhumano por la región que se encuentra nuestra ciudad", expuso el punto de acuerdo votado a favor por los regidores.
Con ello, el Cabildo acordó por unanimidad solicitar que aumente el consumo mínimo de agua en un hogar a 23 metros cúbicos mensuales, como estaba anteriormente.
Actualmente el mínimo es de 10 metros cúbicos, "y no es suficiente para una familia de cuatro", expuso la edil, Irma Medrano Flores, quien presentó el proyecto.
La sesión ordinaria de Cabildo número 46 que se realizó ayer en la tarde inició con un minuto de silencio por las víctimas del terremoto que sacudió al centro del país el 19 de septiembre pasado.
En un punto de acuerdo que se agregó al final, se acordó donar 200 mil pesos para la compra de material de construcción y entregarlo al centro del país para apoyar a los damnificados de los sismos del 7 y 19 de septiembre.
En el segundo punto del orden del día se autorizó la venta de 36 lotes para uso habitacional dentro del programa de regularización de la Dirección General de Asentamientos Humanos.
El Ayuntamiento aprobó la integración de dos nuevas comisiones edilicias, tales como la del Adulto Mayor, y la de Derechos Humanos y Grupos Vulnerables, la primera será coordinada por la regidora Independiente, Juana Reyes Espejo y la segunda por el también Independiente, Pablo Arana.
Asimismo, el Cabildo certificó reformas al reglamento de Nomenclatura y Monumentos para dar prioridad a personajes del Municipio que hayan realizado una contribución en temas de educación, cultura, deportes, ciencia y tecnología, así como en actividades sociales, al momento de nombrar calles o avenidas de la ciudad.
Además los regidores discutieron celebrar un contrato para la renta de 110 unidades para la Secretaría de Seguridad Pública, previo proceso de licitación, pero el acuerdo no se aprobó.
El oficial mayor, Víctor Manuel Ortega Aguilar, expuso que el arrendamiento de las patrullas por un año costaría 112 millones 14 mil pesos, monto que incluye la compra de las unidades al término del contrato, en caso que así decida el Municipio.
Mientras que el precio del crédito, por un año, sería de 136 millones de pesos, que incluiría el mantenimiento que la administración daría a las unidades mensualmente.
Los regidores del PAN, la de Morena y las del PRI manifestaron que las cifras de los costos no les "cuadraban".
Por ello la coordinadora del PRI, Laura Tapia, pidió que se bajara el punto de acuerdo para que el oficial mayor les explique bien el costo de las unidades.
El alcalde, Armando Cabada, estuvo de acuerdo y dijo que el oficial mayor debe reunirse en cuanto antes con los ediles para informarles los montos que se pagarán.
En otro asunto de la orden del día, se aprobaron modificaciones al Reglamento del Consejo Municipal de Desarrollo Social y Participación Ciudadana.
La directora de Desarrollo Social, María Antonieta Pérez, expuso que con ese reglamento se abre la posibilidad para que más asociaciones civiles puedan participar en el Consejo Municipal de Participación Ciudadana.
Dijo que en Ciudad Juárez existen 400 agrupaciones civiles, y actualmente en el cuerpo colegiado participan 16, con las reformas serían al menos 16 las que puedan colaborar en el Comité.