Itzel Ramírez/
El Diario de Juárez
La decisión del alcalde Armando Cabada de llevar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una controversia en contra de la reforma constitucional anticorrupción es lamentable y obedece al desconocimiento que en el tema tiene el presidente municipal, consideraron diputados.
El jueves, el Cabildo de Juárez dio su aval para enviar a la SCJN el recurso que busca invalidar el artículo 142 bis de la Constitución del Estado de Chihuahua, en el que se otorgó a los síndicos la facultad de vigilar la Hacienda Pública Municipal y el Control Interno Municipal.
Además de las funciones de investigar y fiscalizar al Ayuntamiento, a los síndicos se les dio la posibilidad de sancionar las faltas administrativas no graves que pudiera detectar; esas facultades fueron incluidas como parte de la reforma constitucional en materia de combate a la corrupción.
Esos apartados serán llevados ante la SCJN para que se evalúe su constitucionalidad.
Pedro Torres, diputado de Morena, consideró que difícilmente el recurso promovido por Cabada será resuelto a su favor.
“Yo creo que el presidente (municipal) lo está viendo desde una perspectiva equivocada, no va dirigida contra él, va dirigida a dar la posibilidad de que se pueda transparentar mejor el quehacer gubernamental municipal y que aquellos que actúen mal pues puedan ser sancionados”, dijo Torres.
El legislador dijo que este tipo de facultades dotan de sentido a la figura del síndico, que al no tener derecho a voto en el Cabildo, se ha convertido en un puesto sin mayor trascendencia.
Maribel Hernández, diputada del PAN, se pronunció en el mismo sentido. Además, Hernández dijo que son motivaciones políticas las que llevan al alcalde a promover el recurso jurisdiccional.
“Estamos acostumbrados a que el síndico en anteriores administraciones es del mismo partido que el presidente entonces esto te allana mucho el camino para muchas cosas y en esta ocasión no.
“Creo que a la figura de un síndico no se le puede estar atando de manos ni se le puede estar exigiendo que se tape los ojos porque esta es una realidad en muchos municipios en los que se quiere que el síndico sea el cómplice de la administración”, expresó Hernández.
En tanto, la legisladora Antonieta Mendoza, de Nueva Alianza, dijo que la modificación constitucional obedeció a un análisis de los legisladores para beneficiar la transparencia, la rendición de cuentas y sobre todo el combate a la corrupción desde el primer nivel de gobierno, que es el municipal.
Por ello, dijo Mendoza, es a todas luces una reforma necesaria y benéfica, a pesar de que pueda no satisfacer al presidente municipal de Juárez.
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