Salvador Castro/
El Diario de Juárez
La diputada Adriana Fuentes Téllez rindió hoy su primer informe legislativo en donde resaltó el desarrollo social y lamentó la crisis de seguridad en Juárez y el estado.
Fuentes Téllez, representante del Distrito 1 con cabecera en Juárez, abordó en su informe cinco puntos que fueron seguridad pública, administración, educación, desarrollo social y hábitat movilidad.
“Vemos que la seguridad pública ha tenido un retroceso muy significativo en todo el estado, vemos como está la inseguridad, como ha crecido en lugar de ir decreciendo vemos que día a día hay más homicidios, hay más extorsiones. Es un tema de suma importancia no solamente para Ciudad Juárez sino para todo el Estado”, expresó.
La legisladora señaló que en el tema de desarrollo social ha presentado varias iniciativas como la cuestión de la niñez y de las casas de cuidado que día a día se están construyendo más y la atención a los jóvenes y los grupos vulnerables.
Informó que entre las acciones se encuentra la gestión de más de 15 millones de pesos para la construcción de gimnasio múltiple en la colonia El Mezquital y que “desafortunadamente la presidencia municipal no lo ha ejercido”.
“El recurso llegó el pasado mes de abril y no sé porque hasta el día de hoy no se ha podido empezar esa construcción: ojalá este escuchando el presidente y tome cartas en el asunto”, expresó.
Mencionó que ante la SCHP hay decreto de chatarrización para adquirir camiones nuevos al empatar recursos federales con estatales.
“Solicitamos ante Secretaría de Energía apoyo constante y permanente al Fideicomiso de Puentes Fronterizos para que nuestra Ciudad Juárez desarrolle su máximo potencial logrando que todo lo recaudado se traduzca en inversión pública para esta bella frontera”, agrego.
Expresó que seguirá abrazando en solidaridad a la ciudadanía; y muestra de ello, será continuar siendo crítica en el tema de la reestructuración de la deuda, pues, afirmó, no hay transparencia en la negociación con los bancos que pretenden adquirir los 10 créditos a refinanciar, no señalan a que programas u obras se destinaría el recurso que no se gastaría “mejorando” las condiciones de la deuda y es incierto el plazo que estaría obligado Gobierno del Estado a pagar.