Itzel Ramírez/
El Diario de Juárez
La liberación –aunque con medidas cautelares– de Carlos Alberto Arvizu Valles, presunto responsable de un homicidio, fue defendida por el magistrado Juan Rodríguez Zubiate, de la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado.
Rodríguez Zubiate consideró que el trabajo excesivo y el nuevo sistema penal acusatorio orillaron a que fuera liberado el indiciado y que, en caso de sustraerse de la acción de la justicia, no será responsabilidad del Estado.
“La Fiscalía puede tener por ejemplo 15 mil carpetas de investigación y 300 ministerios públicos, ahí hay un detalle que se tiene que prever y corregir en el sistema de justicia. Más recursos para contratar gente y capacitarla para que no ocurran este tipo de situaciones, no podemos decir que la Fiscalía no hace nada”, aseguró.
El magistrado, que fue nombrado secretario Ejecutivo del Centro Estatal para la Implementación del Sistema Penal, dijo además que tanto la Fiscalía General del Estado (FGE) como los jueces del caso hicieron todo lo que estuvo en sus manos, considerando la inconstitucionalidad de la figura del arraigo.
Una de las opciones fue el arresto domiciliario pero la familia de Arvizu Valles se negó ante las condiciones que le imponían, luego, el jueves pasado un Tribunal de enjuiciamiento ordenó ponerle un brazalete electrónico, pero la Fiscalía informó que no contaban con dicho aditamento, pese a que la ley prevé que éste es una medida cautelar.
Ante ello, no se tuvo otra opción mas que dejarlo en libertad con algunas restricciones.
“No siento que sea un desacierto de la Fiscalía, como se manejó, la Fiscalía trató y trató hasta que ya no pudo sostener la prisión preventiva ni el arraigo y los jueces hicieron lo correcto”, consideró el magistrado Juan Rodríguez Zubiate.
Dijo que atendiendo la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) al estado de Chihuahua sobre la ilegalidad de los centros de arraigo llevó a los jueces a dictar las medidas cautelares distintas.
“Los jueces por su lado también vieron la situación en donde esta persona ya no se podía, era imposible que estuviera privada de su libertad… la Fiscalía agotó las posibilidades de que esa persona no obtuviera su libertad”, apuntó.
Rodríguez indicó incluso que en caso de que el acusado pudiera ausentarse de Juárez, contrario a las medidas dictadas, ya no sería responsabilidad del Estado.
“Hoy mismo hubo audiencia y la persona fue a la audiencia, estaba en su domicilio el acusado. Con una de las medidas que falle, obviamente como es responsabilidad de él cumplirlas, ya no se le puede atribuir al Estado el hecho de que no las cumpla”, aseguró.
El encargado de la consolidación del nuevo sistema penal en el estado dijo que la sociedad antes que juzgar, debe conocer las dificultades a las que se enfrentan las autoridades judiciales para cumplir con su deber y que en Chihuahua se están realizando las acciones tendientes a mejorar la aplicación de la justicia.
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