Blanca Carmona/
El Diario de Juárez
En el Distrito Judicial Bravos, con cabecera en Ciudad Juárez, la medida cautelar de prisión preventiva impuesta a reos del fuero común en general se vence cuando los procesados se encuentran a disposición del Tribunal de Control.
Esto debido principalmente a que el Ministerio Público no cumple con los períodos previstos por la ley para cada etapa, básicamente el cierre de la investigación y la presentación del escrito de acusación, informó personal del Tribunal de Enjuiciamiento.
Los jueces también señalaron que los propios procesados interponen recursos ante las salas regionales penales y los juzgados de Distrito y han solicitado la aplicación del Protocolo de Estambul lo que también retrasa los enjuiciamientos.
La Constitución Mexicana así como el Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP) y el Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua (CNPCH) establecen que en un plazo máximo de dos años los procesados deben ser sentenciados.
El pasado 14 de agosto la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 29/2017 al gobernador, Javier Corral Jurado, y al magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia de la entidad, Julio César Jiménez Castro, en la que considera ilegal el funcionamiento de los centros de arraigo que han venido utilizando en Chihuahua al vencerse la medida cautelar de prisión preventiva.
Consultados al respecto, los jueces orales señalaron que cuando los reos son puestos a su disposición ya traen vencida la medida cautelar o está a punto de fenecer y aunque tratan de programar de inmediato el desahogo de juicio oral tienen otros casos que atender.
“Aquí llegan con los tiempos muy cerrados, casi vencido el plazo y tenemos más juicios pendientes o ya agendados. No se vale que nos responsabilicen del vencimiento cuando en Garantía o Control es donde se vence el plazo de los dos años.
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