Blanca Carmona/
El Diario de Juárez
La Fiscalía General del Estado (FGE) incumplió con la orden emitida por un Tribunal de Enjuiciamiento, de recluir en un hotel de la ciudad a un presunto homicida al que se le venció el plazo para ser sentenciado, por lo que fue puesto en libertad.
A Carlos Alberto Arvizu Valles, quien tras dos años y cuatro meses en prisión apenas enfrenta su juicio, se le impusieron otras medidas cautelares como la prohibición de salir de Ciudad Juárez.
También tiene la obligación de someterse al cuidado y la vigilancia de la autoridad y acudir a firmar periódicamente. Además se le prohibió acercarse, convivir y comunicarse con los ofendidos, testigos y peritos.
De acuerdo con la Fiscalía, el procesado no pudo ser llevado al hotel Flamingo, como lo dispuso el Tribunal, porque no había habitaciones disponibles.
Sin embargo, al solicitarle los jueces que entonces se le colocara un brazalete al acusado como otra medida cautelar, la agente del Ministerio Público señaló que no se contaba con el aditamiento.
Sin más opciones, el Tribunal terminó por dejar al acusado en libertad bajo proceso por un plazo de tres meses.
Ayer en la audiencia de debate del juicio oral en contra de Carlos Alberto Arvizu Valles, su abogado Jaime Rodríguez Alvídrez, le informó a los jueces que la orden de enviar a Arvizu Valles a un arraigo en el Hotel Flamingo no se había llevado a cabo.
El defensor solicitó la inmediata libertad bajo el argumento de que la Constitución Mexicana establece un plazo máximo de 2 años de prisión preventiva.
Detalló que en mayo pasado Arvizu Valles cumplió dos años de internamiento en el Cereso y el pasado 13 de junio un Tribunal de Control aprobó que fuera recluido en el Centro Estatal de Arraigos (CEA) de Ciudad Juárez, en donde estaba hasta ayer.
En la audiencia el abogado también le recordó al Tribunal –conformado por los jueces Myrna Luz Rocha Pineda, María Isela Vázquez Granados y Jesús Manuel Medina Parra– que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 29/2017 en la que le señala al Gobierno de Chihuahua que la operación de los centros de arraigo son ilegales.
Visiblemente molestos, los jueces decretaron un receso para recabar los informes de la Fiscalía de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales y ver qué había sucedido.
Al reanudar la diligencia, señalaron que personal de esa dependencia les comunicó que el Hotel Flamingo no contaba con habitaciones disponibles y hasta la una de la tarde podría verificar si se generaba algún espacio.
Ante esa situación, los jueces optaron por imponer como medida cautelar la colocación de un brazalete electrónico a Carlos Alberto Arvizu.
Sin embargo, la agente del Ministerio Público (MP) adscrita a la FGE y quien inicialmente había propuesto el arraigo en el Hotel Flamingo, les informó que no contaban con ese aditamento.
Los juzgadores volvieron a decretar un receso y el administrador del Tribunal de Enjuiciamiento Tomás Magdaleno Carrillo se comunicó con personal de la FGE y del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) del Estado de Chihuahua, que le confirmaron que no cuentan con ese equipo aunque la ley prevé que ésta es una medida cautelar.
Al terminarse ese receso, los jueces ordenaron poner en libertad a Arvizu Valles con las restricciones de cuatro medidas cautelares diversas a la privación de la libertad.
Al escuchar la resolución, Arvizu y su abogado se abrazaron. En el área del público el padre del procesado esbozo una sonrisa nerviosa.
La presidenta del Tribunal de Enjuiciamiento, Myrna Luz Rocha Pineda decretó un nuevo receso al explicar que hasta la 1:30 de la mañana Arvizu estuvo esperando ser trasladado al Hotel Flamingo y fue levantado a las 5:40 de la mañana supuestamente para ser llevado a ese lugar y por ello consideró que no estaba en condiciones de escuchar a los testigos de cargo.
El juicio oral instruido en contra de Carlos Alberto Arvizu y marcado con el número 156/17 comenzó hace unos días, cuando la terna de jueces recibió el caso con la medida cautelar de prisión preventiva ya vencida y a menos de cinco días de la fecha programada para que arrancara el juicio.
Carlos Alberto está acusado de haber participado en el homicidio de Humberto Vázquez Escajeda ocurrido el 24 de abril del 2015.
De acuerdo con los datos oficiales la víctima se desempeñaba como guardia de seguridad y fue asesinada para despojarlo de 190 mil pesos propiedad de la empresa para la que laborada.
El crimen al parecer fue planeado por el hijastro de la víctima, Luis Gerardo Gallegos Montelongo junto con Óscar Galván Pérez.
Ambas personas ya fueron sentenciadas y desde la audiencia de vinculación a proceso efectuada en abril del 2015 declararon que a Arvizu le hablaron para que los recogiera después de que abandonaron el automóvil de la víctima y que él los llevó a un departamento ubicado en la colonia Hidalgo, pero desconocía que había ocurrido. (Blanca Carmona / El Diario)
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