Blanca Carmona/
El Diario de Juárez
Cuatro acusados de haber extorsionado a los propietarios de un restaurante y quienes resultaron positivo al Protocolo de Estambul, una herramienta utilizada para determinar si una persona ha sido torturada, buscan probar a un Tribunal de Enjuiciamiento que también la prueba en materia de dactiloscopía fue obtenida de forma ilícita.
Los procesados son Ángel Raúl Rodríguez Hernández, Marco Antonio Jiménez Domínguez, Roberto Garay Martínez y Osvaldo Nevárez, quienes fueron sometidos a un juicio oral y en junio del 2015 los encontraron culpables del delito de extorsión.
Pero en septiembre del 2016 un tribunal de casación anuló esa sentencia al determinar que el primer tribunal no tomó en cuenta las denuncias de los procesados en el sentido de que fueron torturados y toda vez que resultaron positivo a los protocolos de Estambul, por lo que se repuso todo el juicio oral ante otro Tribunal de Enjuiciamiento.
El martes pasado, el agente del Ministerio Público (MP) llamó a declarar a un perito en materia de dactiloscopía, quien dijo que esa autoridad le remitió como evidencias dos hojas y un sobre, y posteriormente él acudió al Cereso 3 para tomar muestras a los cuatro procesados y las cotejó con los documentos denominados problema.
El perito señaló al Tribunal que sus conclusiones son que existe una coincidencia en materia de dactiloscopía entre los documentos problema y la muestra tomada a Osvaldo Nevárez, por lo que determinó que esta persona redactó los mensajes extorsivos que recibieron las víctimas.
En el turno del abogado defensor, Nevárez decidió interrogar al perito. Le preguntó “¿sabe quién soy yo?, ¿se acuerda cómo tenía yo mis manos?”. A lo que el profesionista respondió “no, no recuerdo”.
Al proseguir Nevárez expuso “dice que hizo un examen, se acuerda si yo podía hacerlo, las manos las tenía muy hinchadas”. Después el abogado defensor hizo ver al Tribunal de Enjuiciamiento que el perito no se cercioró cuál era el estado de salud de los acusados, no vio las evidencias de la tortura que recibieron y no obtuvo el consentimiento de ellos para tomar las muestras.
Los cuatro hombres están acusados de haber participado en el cobro de ‘cuotas’ a partir de junio del 2012 en contra de los propietarios de un restaurante ubicado en el bulevar Manuel Gómez Morín, quienes recibieron un mensaje extorsivo en el que les solicitaban pagar mil 500 pesos a cambio de no ‘levantar’ a sus hijos y de no quemar el negocio.
Las víctimas pagaron la ‘cuota’ durante cuatro meses hasta el 3 de septiembre del 2012.
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