Daniel Domínguez
El Diario de Juárez
La Fiscalía General del Estado (FGE) busca imponer sanciones administrativas contra exservidores públicos que laboraron en pasadas administraciones del gobierno estatal, y estuvieron al frente de las investigaciones por los crímenes de mujeres.
De momento no se pueden aplicar sanciones de tipo penal porque ya prescribieron los probables delitos en que incurrieron los exfuncionarios, expuso el fiscal general, César Augusto Peniche Espejel.
Dijo que esta Fiscalía busca mecanismos para inhabilitarlos para el ejercicio de la función pública.
El castigo a funcionarios omisos es el reclamo que hacen este mes, dirigentes de organizaciones sociales y padres de las mujeres que fueron desaparecidas y asesinadas.
Julia Monárrez, del Colegio de la Frontera e Imelda Marrufo, de la Red Mesa de Mujeres, coincidieron en señalar que al no imponer sanciones la impunidad sigue pese a los años y a que el gobernador Javier Corral Jurado ha incumplido con su ofrecimiento de castigar a los exfuncionarios omisos.
Desde 2004, María López Urbina, la entonces fiscal especial para la Investigación de Crímenes de Mujeres, cargo creado por la Procuraduría General de la República (PGR), levantó un listado de 81 servidores públicos que debieron ser castigados por omisiones o retardos en la investigación de los homicidios de mujeres, ocurridos desde 1993, comentó Monárrez.
Destacan Hernán Rivera Rodríguez, quien fungió como jefe del Departamento de Averiguaciones Previas, en la administración del exgobernador Francisco Barrio; César del Hierro, quien era jefe de Servicios Periciales; Jorge Ramírez Pulido, y otros comandantes y agentes de la desaparecida Policía Judicial.
Todos ellos fueron señalados en foros internacionales y de derechos humanos como responsables de delitos de abuso de autoridad, luego de que participaron de manera errónea y con graves omisiones en la investigación de homicidios de mujeres.
Una queja presentada por madres de tres de las ocho jóvenes que fueron secuestradas y asesinadas en el denominado campo algodonero, mantienen la esperanza de que se castigue a los funcionarios que estuvieron a cargo de la integración de las investigaciones, quienes supuestamente ocultaron evidencias y protegieron a presuntos responsables.
Familiares de Laura Berenice Ramos, desaparecida en septiembre de 2001; de Esmeralda Herrera Monreal y Claudia Ivette González, desaparecidas en octubre del mismo año, presentaron las denuncias de desaparición en su debido tiempo, pero no se iniciaron mayores investigaciones.
Las autoridades se limitaron a elaborar los registros de desaparición, los carteles de búsqueda, la toma de declaraciones y el envío del oficio a la Policía Judicial, comentó la investigadora del Colef.
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