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Reclaman al Estado cumplir sentencia por ‘Campo Algodonero’

Luz del Carmen Sosa/
El Diario de Juárez

2017-09-04

Mientras el fenómeno de homicidios y la violencia contra las mujeres van en aumento en esta ciudad, el Estado no garantiza la no repetición de hechos, como lo establece la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por el caso “González”, conocido como Campo Algodonero.
Esto, debido a que las malas prácticas continúan en la Fiscalía General del Estado (FGE) y no hubo una sanción ejemplar contra los malos servidores públicos, planteó Ivonne Mendoza Salazar, coordinadora de Casos de Feminicidio de Centro para el Desarrollo Integral de la Mujer (Cedimac).
“Si el gobernador Javier Corral de verdad quiere hacer un cambio, debe proponer al Poder Legislativo que se revisen y adecúen las leyes para evitar que prescriban delitos como la omisión por parte de los servidores públicos”, consideró la abogada.
“Hay que sancionar a los responsables de los errores del pasado y evitar que vuelvan a ocurrir estos hechos. No debemos olvidar que el dolor social más grande de la ciudad es la impunidad, que los malos funcionarios pueden hacer lo que quieren y no hay nada que se los impida y nada que los haga no reincidir”, sostuvo.
Este será el reclamo que realicen las diferentes organizaciones sociales y padres de las mujeres que fueron desaparecidas y asesinadas durante el presente mes, al asegurar que la sentencia emitida en el 2009 contra el Estado Mexicano aún no se cumple.
Y es precisamente el punto 13 el que interesa a las mujeres que se cumpla.
“13. El Estado deberá, dentro de un plazo razonable, investigar, por intermedio de las instituciones públicas competentes, a los funcionarios acusados de irregularidades y, luego de un debido proceso, aplicará las sanciones administrativas, disciplinarias o
penales correspondientes a quienes fueran encontrados responsables, conforme a lo expuesto en los párrafos 456 a 460 de esta Sentencia”, cita el documento.
La investigadora del Colegio de la Frontera (Colef), Julia Monárrez Fragoso e Imelda Marrufo, directora de la Red Mesa de Mujeres, coincidieron en señalar que no hay castigo, que la impunidad sigue pese a los años y que el gobernador Javier Corral Jurado no ha cumplido tampoco con su ofrecimiento de castigar a los ex funcionarios omisos.
De las 15 recomendaciones que emitió la CIDH se han acatado, entre otras, la creación de un memorial en honor a las víctimas; un reconocimiento y perdón público por parte del Gobierno Federal, el apoyo a familiares, deudos de las mujeres que fueron asesinadas y localizadas sin vida, en el predio ubicado en el Paseo de la Victoria y Ejército Nacional, en el año 2001.
Y aunque las organizaciones han solicitado que se castigue a los funcionarios contenidos en una lista de 81 servidores públicos que debieron ser castigados por omisiones o retardos en la investigación de los homicidios de mujeres, ocurridos desde el año 1993, realizada por la entonces fiscal María Urbina.
Mendoza Salazar refiere que nunca se dieron a conocer nombres de los servidores públicos.
Aclaró que en el listado aparecen 177 funcionarios públicos que incurrieron en algún tipo de responsabilidad.
“No se dan nombres, se mencionan a 8 fiscales, 43 agentes del Ministerio Publico, a 15 subagentes del MP, a dos jefes de oficina y procesos, a 59 agentes de la Policía Judicial del estado y a 50 peritos”, agrega.
“Esto se entregó  en el 2006, se la pasó a la Procuraduría de Justicia del Estado  Chihuahua porque ellos deberían ser los encargados y de eso jamás supimos nada, nunca se informó del estado de las 139 averiguaciones previas que tenían marcadas irregularidades. En ese entonces ya estaba en curso la denuncia del Campo Algodonero”, dijo Mendoza Salazar.
En forma paralela Irma Monreal, Celia de la Rosa, Joselyn González e Ivonne Martínez, interpusieron otra denuncia contra 25 funcionarios encabezados por Arturo González Rascón, defensores públicos, peritos e incluso dos jueces penales.
Agregó que esta relación de malos servidores públicos se entregó a las autoridades estatales en el 2006 y no pasó nada, por lo que los delitos prescribieron.

lsosa@redaccion.diario.com.mx

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