Javier Olmos/
El Diario de Juárez
El Gobierno federal trianguló a través de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) la entrega de dos terrenos del ex Hipódromo y Galgódromo al Estado para la construcción del Centro de Investigación e Integración de Tecnologías Avanzadas (Ciita).
La propiedad fue puesta a disposición de la institución académica ayer, con un decreto que se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF), aunque serán las secretarías de Innovación y Desarrollo Económico y Obras Públicas las encargadas de ejecutar los proyectos, se definió.
El Ciita será un lugar soporte para dar asesoría y desarrollar proyectos para la industria, afirmó al respecto el rector de la máxima casa de estudios de la ciudad, Ricardo Duarte Jáquez.
Sin embargo, todavía no hay un proyecto ejecutivo y por lo tanto se desconoce cuánto invertirá la autoridad estatal, refirió la directora del Instituto de Innovación y Competitividad de la Secretaría de Economía, Lisbeily Domínguez Ruvalcaba.
Duarte Jáquez precisó que la entrega de los espacios a la UACJ obedece meramente a que se necesitaba una institución pública que, de por medio, los recibiera, aunque será el Gobierno estatal y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología los encargados de desarrollar el proyecto ejecutivo.
Y eso pasará antes de terminar el año, aseguró el subsecretario de Obras Públicas de la frontera, Andrés Carbajal Casas, quien además afirmó que la edificación del Ciita no desplaza el proyecto del centro de convenciones que de todas maneras no es prioridad para la actual administración, recalcó.
Las dos fracciones de terreno –A y B– constan de 14 mil y 9 mil metros cuadrados, y forman parte del inmueble federal de mayor extensión del Ex Hipódromo y Galgódromo, ubicado en la avenida Vicente Guerrero, según se publicó DOF.
Se establece que en esas áreas se instalará el Ciita y además el Centro de Inteligencia Artificial, dijo Carbajal.
El funcionario también señaló que en la misma área sigue pendiente la continuación de las construcciones de dos hospitales.
El acuerdo publicado en el DOF refiere que la universidad perdería la administración de los terrenos si diera un uso distinto al establecido, sin la previa autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, o bien, lo dejara de utilizar o necesitar.
Además de que en caso de tener proyectadas obras de reconstrucción, modificación, adaptación, conservación, mantenimiento, reparación o demolición, deberá gestionar y obtener ante las autoridades locales y federales las autorizaciones correspondientes.
La máxima casa de estudios tiene 30 días después de la publicación para nombrar a un funcionario con nivel de director general o su equivalente, quien fungirá como responsable del inmobiliario.
En este caso, el nombramiento será para René Soto Cavazos, abogado general de la Universidad.
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