Araly Castañón
El Diario de Juárez
El alcalde, Armando Cabada, dijo que el Congreso del Estado desde el principio ha mantenido un “desprecio permanente” para el Municipio de Juárez, y sostuvo que la negativa al Sistema Estatal Anticorrupción no es porque el Cabildo esté en contra de la ley.
Explicó que ningún estado de la República, donde se ha aprobado la Ley Anticorrupción, se ha otorgado la facultad al síndico de fiscalizar y sancionar.
Aseguró que el Sistema Anticorrupción tiene puntos anticonstitucionales, y “está mal”.
“No pueden dar ese tipo de facultades que son específicas, técnicas para especialistas a alguien que trae intereses de partidos políticos, además se contrapone con la propia ley federal porque dice que puede ser removido, y un síndico no puede ser removido”, expuso.
El alcalde declaró que lamentablemente los diputados han hecho muchas cosas a la ligera.
“Al ahí se va, o al cuarto para las doce, yo ayer lo dije; ha sido un desprecio permanente de ese Congreso a este Municipio, y representamos no solamente el Municipio más importante del estado económicamente, sino poblacionalmente; les hemos hecho varios exhortos, los cuales han ignorado literalmente”, manifestó.
Cabada aseguró que desde el 10 de octubre pasado, el Congreso del Estado ha afectado al Municipio, y por ello propone que haya diputados independientes.
“Que no tengan compromiso con partido político, que sean realmente comprometidos con el pueblo, con Ciudad Juárez, hay que ir por eso y no falta mucho para verlo”, declaró.
El Ayuntamiento votó en contra de la Ley Estatal Anticorrupción este lunes en sesión extraordinaria.
El secretario del Ayuntamiento, Roberto Rentería Manqueros, expuso que el mensaje que el Cabildo envió al Congreso del Estado, es que no será cómplice de una violación a la reforma constitucional en materia del Sistema Estatal Anticorrupción.
Dijo que la figura del síndico no es la idónea para fiscalizar porque es un cargo de elección popular que se contrapone con la misma reforma.
El secretario del Ayuntamiento, indicó que incluso se puede generar un problema de ingobernabilidad en el futuro si se permite que un órgano eminentemente político desarrolle actividades “técnicas e imparciales”.
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