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El Diario de Juárez
Dos de los tres agentes de la Policía Estatal Procesal (PEP) acusados de extorsión rindieron declaración ayer para afirmar que son inocentes y que tenían en su poder la camioneta de la víctima porque la compraron.
No obstante el juez vinculó a proceso penal a los inculpados Jaime Balderrama Herrera, José de Jesús Carrasco González y el comandante Rafael Fabián Vergara Rojas.
“En los casi diez años trabajando en esta corporación he visto miles de sentencias por miles de delitos, sé que Ciudad Judicial se encuentra monitoreada, creo yo que si estoy cometiendo un delito o sé que la camioneta es de procedencia ilícita, sería un pendejo en meterla aquí (Ciudad Judicial)”, expresó enfático Balderrama mientras en el público dos de sus familiares lloraban.
La presunta extorsión sucedió el pasado 22 de agosto cuando la víctima circulaba a bordo de una Nissan Armada modelo 2005 negra con rines de lujo sobre la calle Bernardo Norzagaray cerca del monumento al Cigarro y fue detenido por los ocupantes de una Silverado con luces blancas, quienes se identificaron como agentes ministeriales y le dijeron que contaban una orden de aprehensión en su contra.
Los tres policías procesales se llevaron la camioneta, 100 mil pesos, el celular de la víctima y documentos de varios vehículos, además le pidieron que reuniera otros 150 mil pesos, informó el agente del Ministerio Público Ezequiel Montoya al juez de Control Carlos Natividad Sánchez Baray.
Ante la querella se implementó un operativo que llevó a la detención del comandante Vergara Rojas y de los dos elementos bajo su cargo cuando presuntamente pretendían recoger los 150 mil pesos, dijo el fiscal.
El auto de vinculación a proceso fue emitido por el juez después de las 7 de la tarde de ayer.
Al hacerlo, el resolutor dijo que es creíble la versión de la víctima y los reconocimientos que hizo respecto a los agentes, además en el cateo se localizaron evidencias producto de los delitos.
En relación a la declaración de dos de los tres acusados, el juez consideró que no “tumba” el dicho de la víctima y no está avalado por un dato de prueba.
Por lo que dictó auto de vinculación a proceso por los ilícitos de cohecho presuntamente cometido al pedir la camioneta, los 100 mil pesos, el teléfono y los documentos y por extorsión agravada por exigir 150 mil pesos a través de amenazas.
El juez dejó vigente la medida cautelar de prisión preventiva y aprobó cuatro meses para la investigación complementaria.
El representante social explicó que la Nissan Armada fue localizada y asegurada en el estacionamiento de Ciudad Judicial, en el espacio para servidores públicos.
Además el viernes pasado se efectuó un cateo en el área asignada a la Policía Procesal dentro de las instalaciones de los juzgados locales o Ciudad Judicial y en el casillero número 28 encontraron los documentos robados.
Entre estos dos tarjetas de circulación de la Nissan Armada correspondientes a los años 2015 y 2016 a nombre de la víctima, la factura del mismo vehículo endosada a Guzmán Hernández, un título americano de otro automotor y una factura de un servicio a la Armada.
Los datos personales de la víctima al parecer fueron tomados de una causa penal judicializada hace unos días y relativa al delito de trata, en la que se señaló que uno de los responsables de prostituir a varias mujeres era el dueño de una flotilla de autos usados para el servicio Uber, de acuerdo con fuentes extraoficiales.
Sin embargo, esta versión no fue confirmada por las autoridades.
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