Fernando Aguilar/
El Diario de Juárez
Los amparos promovidos por ciudadanos para evadir el arresto en el Centro de Recuperación Cívica Total (Cerecito) son un derecho constitucional que el Municipio tendrá que enfrentar, consideraron abogados de la ciudad.
Esta postura surge en medio de una coyuntura donde el Juzgado Noveno de Distrito analiza el primer amparo en el que se impugnan las reformas al Reglamento de Vialidad y Tránsito para el Municipio de Juárez.
Jorge Arturo Echavarría Cruz, coordinador de colegios de abogados de la Federación Chihuahuense, consideró que esto era previsible, pues, señaló, la autoridad no graduó la situación de modo que el arresto fuera la última instancia para sancionar.
“Es un tanto negativa la solución que dieron porque el quejoso sabe que tiene esa herramienta (el juicio de amparo) que está en nuestro sistema. Es un mecanismo que tiene el sistema jurídico y lo va a usar. La autoridad debe graduar de menor a mayor las sanciones que quiere poner”, dijo.
Para Javier Cuéllar Moreno, decano del Colegio y Barra de Abogados Benito Juárez, los ciudadanos están en su derecho de ampararse porque la Constitución prevé ese derecho, por lo que consideró probable que no tengan que regresar a pagar las horas que les faltan en el Cerecito.
Al menos cuatro conductores sorprendidos en estado de ebriedad recurrieron a esta figura jurídica con el fin de evitar el arresto de hasta 36 horas en ese lugar.
Desde el punto de vista de Echavarría Cruz, antes del arresto, el Municipio debió explorar alternativas como las multas, pues, al ser una falta administrativa, el amparo va a tener lugar.
“Si tanto es así la situación, que se vuelva delito. Si fuera delito, no habría problema porque van a integrar la conducta delictiva en una carpeta de investigación. Ya no es arresto; se le lleva a la autoridad investigadora y la situación cambia”, señaló.
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