Blanca Carmona/
El Diario de Juárez
El Juzgado Noveno de Distrito recibió el primer amparo en el que se impugnan las reformas al Reglamento de Vialidad y Tránsito para el Municipio de Ciudad Juárez, que permitieron poner en funcionamiento el Cerecito.
En el juicio de amparo 174/2017 se argumenta que es inconstitucional la modificación a esa ley pues se derogó la posibilidad de que los ciudadanos detenidos en estado de ebriedad sean sancionados con multa o servicio a la comunidad como lo prevé la Constitución Mexicana en su artículo 21.
El abogado que presentó el recurso, José Antonio Navarro Castañeda, explicó que en el amparo interpuesto el viernes pasado, se combate el artículo 100 fracción I e inciso G del Reglamento de Vialidad y Tránsito.
“La Constitución en su artículo 21 dice que por faltas administrativas se pueden imponer multas, realizar servicio a favor de la comunidad o arresto. Al momento de decir “o” es cualquiera de esas tres opciones y el mismo artículo 21 dice que si no se paga la multa la autoridad administrativa tiene el derecho de proceder al arresto.
“Situación que contraviene este nuevo reglamento”, señaló Navarro.
El litigante indicó que el Reglamento de Vialidad, cuyas modificaciones se publicaron en el Periódico Oficial del Estado el miércoles pasado, está por debajo de la Constitución atendiendo la jerarquía que establece propia carta magna en su Artículo 133 y ni siquiera es una ley secundaria.
“Es una situación grave, lo que comentó el alcalde de que si procedían los amparos iba a multar con 10 mil pesos. Él mismo solicitó modificar el Reglamento, ahora la multa no existe, por ningún medio puede después imponer multa pues dice la reforma que las horas de arresto son inconmutables”, refirió.
Navarro Castañeda aseguró que al ser internados en el Cerecito, los conductores son privados e incomunicados como se pudieron percatar, ya que el viernes pasado cuando estaba en proceso la tramitación de un amparo, familiares de uno de los detenidos se presentaron en esa instalación y el personal no permitió que los parientes pudieran entrevistarse con el asegurado para que firmara el amparo.
“Lo que buscamos con el amparo interpuesto es que se declare inconstitucional el artículo que fue modificado al Reglamento y que quede como estaba”, dijo.
Agregó que “sabemos que no es una acción recaudatoria pero sí es populista y política porque no trae beneficio al contrario no puede el alcalde ejercer un abuso de autoridad argumentando que es en bien de la comunidad”. “Tiene que respetar la Constitución, está obligado; que no tengan el suficiente ingenio para realizar actos de autoridad y hacer modificaciones conforme a derecho deviene en un abuso autoridad”, expresó.
En este amparo, 174/2017, también se pidió al juez que se revisara si fue legal o no la detención y dos horas después de interpuesto el juez federal concedió la suspensión provisional y el detenido salió libre.
Además de este amparo, otras tres personas recurrieron a la misma figura jurídica tras entrar en vigor las modificaciones al Reglamento y ponerse en funcionamiento el Cerecito. (Blanca Carmona/El Diario)