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El Diario de Juárez
Tres agentes de la Policía Estatal Única (PEU) división Preventiva ayer fueron acusados del delito de cohecho y el Tribunal de Control ordenó que sean suspendidos de su cargo mientras se desarrolla el proceso penal.
Los elementos Josué Francisco Ángeles Martínez, José Ochoa Arellano e Iván Cobos Gil presuntamente le solicitaron a una conductora 5 mil pesos para no quitarle el vehículo y un familiar de ella les entrego 3 mil pesos.
El 29 de diciembre del año pasado alrededor de las 10:30 de la mañana en la avenida Santiago Blancas cruce con Día del Maestro los policías se encontraban en funciones a bordo de la unidad número 751 de la PEU y le pidieron a Karina Ramírez Rayo 5 mil pesos para “dejar de cumplir con su función”, específicamente para no llevarse “detenido” su vehículo una camioneta X-Terra modelo 2000, informó un agente del Ministerio Público (MP) al juez Jorge González Rodríguez.
El hermano de la guiadora, Ulises Ramírez Rayo le entregó 3 mil pesos a José Ochoa Arellano en presencia de los otros dos elementos, dijo el fiscal Francisco Javier Olivas quien se encontraba acompañado por una representante social de la Unidad de Control Interno de la Fiscalía estatal.
El fiscal refirió que con la conducta de los elementos se afectó el servicio público y por ende la sociedad y clasificó los hechos como constitutivos del delito de cohecho contemplado en el Artículo 269 fracción I del Código Penal del Estado de Chihuahua.
Ante los señalamientos, los policías aún en activo decidieron no rendir declaración.
El juez les impuso a los acusados décima medida cautelar contemplada en el Artículo 169 del Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP) que consiste en la suspensión de derechos, en este caso la ordenó que sean suspendidos de sus labores.
El Tribunal señaló que la Fiscalía deberá determinar si mantiene o no el sueldo a los elementos, mientras permanecen suspendidos. Fuera de audiencia, el Ministerio Público y la defensa hablaron de la posibilidad de cerrar el proceso con la figura legal denominada “suspensión del proceso a prueba”, en la cual a los procesados se les impone una serie de condiciones para que la causa penal se detenga y en caso de cumplir se sobresee y no les quedan antecedentes penales.
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