Staff/El Diario de Juárez
2017-08-15“Es un dolor que no se puede describir, como dicen, qué dedo de la mano tengo que no me duela si me lo van a arrancar. Es una incertidumbre no saber qué está pasando, simplemente que no se encuentra. No sabemos si tiene hambre, si tiene frío, si es maltratada, si es abusada, son mil cosas que no sabría describirle”, expresó el padre de María Guadalupe Pérez Montes, una de las jóvenes desaparecidas en el 2009 en la zona Centro de Ciudad Juárez.
Lupita, como le decían sus familiares, fue dada por muerta tras ser identificado un cráneo y un hueso como compatible con las muestras biológicas que otorgaron sus familiares para un cotejo de ADN. Esos restos se hallaron el 26 de enero de 2012, en un rastreo efectuado en el arroyo El Navajo.
Ayer al rendir declaración ante el Tribunal de Enjuiciamiento que determinará si Pedro Payán Gloria alias “El Pifas”, es una de las personas que participó en prostituir y asesinar a Lupita así como a otras 10 mujeres, el padre expresó que aún duda que los restos entregados por la Fiscalía pertenezcan a su hija y se niega a aceptar el homicidio.
La mañana del 31 de enero del 2009 el padre de familia salió de su casa en la colonia Guadalajara Izquierda, ahí dejó a Lupita dormida. Una noche anterior le había dado dinero para que fuera a comprar unos tenis, pues los necesitaba para ir a la escuela.
Ese día al regresar de laborar, después de las 8 de la noche, su esposa le dijo que Lupita no había regresado de comprar zapatos. Ahí inició una historia de dolor para los padres y hermanos de esta joven de 17 años. Una búsqueda que aún no concluye.
“Yo todavía no lo creo que sean restos de ella, si es un cráneo y un hueso que dicen corresponden con la prueba de ADN que nos tomaron… para mí como padre es inexplicable así me muestre restos. Aquí estoy, ya me dieron respuestas con ADN y aún no lo creo”, reveló el padre con una voz mesurada y dejando entrever el anhelo de que su niña siga con vida.
El testigo narró que desde esa noche empezaron a buscar a su hija. Él comenzó a recorrer las zonas de prostitución de la zona Centro de Juárez e incluso fue a Puerto Palomas, acompañado por agentes ministeriales, luego de que alguien le dijo que varias jóvenes eran llevadas a esa zona para ofrecerlas como objetos sexuales.
Ahí la encargada de una barra, entre los cateos apresurados que hicieron ministeriales en busca de cuartos que conectaran con los antros, le afirmó al ahora testigo que había visto a su hija cuando la llevaron para que le dieran empleo en ese negocio y también le confesó que desde que el grupo de ministeriales y familiares de desaparecidas estaban en el entronque a Palomas, las muchachas habían sido recogidas y llevadas a otro lugar a fin de evitar que las encontraran.
Ayer el relato del padre era seguido por “El Pifas”, la última persona llevada ante un Tribunal de Enjuiciamiento por parte de la Fiscalía de Género como uno de los presuntos responsables de ser parte de una red que privó de la libertad a las jóvenes Perla Ivonne Aguirre González, Lizbeth Avilés García, Mónica Liliana Delgado Castillo, Andrea Guerrero Venzor, Beatriz Alejandra Hernández Trejo, Idaly Juache Laguna, Jessica Leticia Peña García, Deysi Ramírez Muñoz, Jazmín Salazar Ponce y Jessica Terrazas Ortega además de Lupita.
De acuerdo a las autoridades “El Pifas” así como Jesús Hernández Martínez, alias “El Gordo Maloso” o “Chuy”; César Félix Romero Esparza, “El Félix”; Edgar Jesús Regalado Villa, “El Piwi”; José Antonio Contreras Terrazas, “El Koyac”; Manuel Vital Anguiano, “El Meny”, José Gerardo Puentes Alva, “El Gera”, Esperanza Castillo Saldaña, “La Paty”; Camilo del Real Buendía; Rafael Mena, “El Cheché” y Eduardo Sánchez Hermosillo, “El Flaco” eran parte de una organización delictiva al servicio de la pandilla “Los Aztecas” que “levantaba” jovencitas para prostituirlas y en algunos casos también para obligarlas a vender droga.
En el caso de “El Pifas” contra él se instruye el juicio oral número 87/17, pero hasta el momento no se ha señalado cuál fue su participación. En este juicio, la Fiscalía ofreció más de 200 pruebas y actualmente los fiscales a cargos están llevando a declarar a los familiares de las víctimas.
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