Fernando Aguilar/
El Diario de Juárez
Como Juan, ‘José’, de 29 años, también tiene VIH y afirma haber sido excluido de empresas a las que fue con la intención de ser ocupado laboralmente.
Con el mismo punto de partida y final, su historia es prácticamente idéntica a la de aquel hombre, aunque ayuda a entender por qué la mayoría de estos casos se quedan en una charla.
Él no se quejó ante ninguna autoridad ni interpuso denuncias por discriminación ante la Fiscalía General del Estado (FGE) como el caso anterior.
El miedo, reconoce, lo frenó. En cambio, optó por pedirle a su médico que le cambiara el tratamiento, lo que a la postre fue la solución al problema.
Bajo el nombre comercial Atripla, Efavirenz es un fármaco que el Seguro Popular entrega mensualmente a sus derechohabientes que sufren VIH, el mismo que tomaba Juan y que se rehusó a cambiar.
“No quise denunciar porque, al hacerlo, la maquiladora me iba a ‘quemar’ en un sistema que ellos manejan entre maquiladoras”, explica el hombre. “Por ese sistema ya no iba a poder encontrar trabajo, así que solicité el cambio del medicamento”.
Para Medel Cabrera, otro factor que desincentiva esta práctica es que las personas no creen en las leyes.
“Pero si no hay evidencias, si no hay quejas, la discriminación va a seguir”, considera. “Hasta ahora, donde han puesto más quejas es en la maquiladora, pero también ha habido en negocios pequeños donde no los contratan”.
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