Gabriela Minjáres/
El Diario de Juárez
El Congreso del Estado analiza las seis iniciativas presentadas durante la actual legislatura para reformar la Ley de Transporte y Sus Vías de Comunicación, con la finalidad de transformar de manera integral el marco legal que regula este servicio público, en beneficio de los usuarios.
Entre las propuestas se encuentran dos que buscan regular el servicio que se da a través del Uber, otra para la municipalización del transporte, realizar un estudio técnico para la revisión de la tarifa de transporte colectivo de pasajeros y una constitucional para instituir como derecho social la libre circulación y movilidad.
Las iniciativas se revisan en la mesa técnica conformada por las Comisiones Unidas Especial de Movilidad Urbana y Especial para la Atención del Servicio Público de Transporte (ViveBus), que prevén agotar el proceso legislativo este mes para presentarlo al Pleno en septiembre.
La diputada local Laura Marín Franco, presidenta de las Comisiones Unidas y de la Especial de Movilidad Urbana, explicó que hoy se reunirá la mesa técnica para avanzar en el proyecto que están a punto de concluir.
“Se trabajan en conjunto y se hace un comparativo en la mesa técnica, si todo avanza como hasta ahora, se presentaría en la segunda sesión ordinaria del nuevo período, por septiembre”, anticipó.
Aseguró que esta reforma no busca afectar a los concesionarios, pero sí beneficiar a los usuarios del transporte público, por lo que se ha hablado con los transportistas para conocer sus puntos de vista en cuanto a las modificaciones que se harán para concretar la modernización y que adquieran nuevas unidades.
Por ello, agregó, la propuesta que se hizo de reducir de 20 a cinco años el término de la vigencia de las concesiones se modificó a 10 años, porque los transportistas argumentaron que no sería redituable adquirir créditos para comprar nuevos camiones con tan poco tiempo de autorización.
“Nos dicen que si compran un camión lo pagan aproximadamente en cinco años, con lo que solamente estarían trabajando para pagar la unidad y no tendrían ganancias, en lo que estamos de acuerdo y pedimos que se vaya a 10 años el plaza de vigencia de las concesiones otorgadas”, dijo.
Además, se acordó establecer candados en la sucesión de las concesiones, para evitar que se comercialicen y se transfiera este derecho, lo que atenta al desarrollo y funcionalidad del servicio porque se incita al “mercado negro de concesiones”.
Explicó que las iniciativas que se analizan son cuatro presentadas por el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), una por el Municipio de Juárez y una por ella, ésta última plantea una modificación integral a la ley, ya que el resto son adhesiones y modificaciones a algunos artículos.
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