Gabriela Minjáres/
El Diario de Juárez
En medio de las acciones emprendidas para tratar de ordenar el transporte público colectivo de pasajeros en Ciudad Juárez, las irregularidades y el descontrol en el que operan los concesionarios y las autoridades quedaron expuestos ante un servicio que está a punto del colapso.
Tan sólo de las concesiones que se requieren para la prestación del servicio se sabe que históricamente su asignación ha obedecido más a cuestiones políticas y económicas que a una demanda real, por lo que hay una sobresaturación de licencias que funcionan mediante el rentismo, aunque actualmente casi el 40 por ciento de las mil 876 se encuentran inactivas.
Debido a que cada concesión equivale a la autorización para que opere un camión, en la ciudad circulan cientos de unidades de las que se tiene detectado que siete de cada 10 no portan placas y más de la mitad rebasan la antigüedad establecida por la ley, que no debe ser mayor a 10 años, es decir, modelo 2007.
Además, la mayoría de las unidades no son aptas para el servicio colectivo de pasajeros porque son autobuses escolares desechados en Estados Unidos, que sólo tienen una puerta de servicio al frente de la unidad para el ascenso y descenso de pasajeros.
En estas condiciones viajan a diario unos 90 mil pasajeros que utilizan alguna de las 29 rutas con 115 ramales, aunque la mayoría de los recorridos están desfasados y son ineficientes porque no llegan a todos los lugares en los que se requiere el servicio ni con la frecuencia necesaria.
Mientras que la autoridad encargada de regular el transporte público en la ciudad, el Departamento de Transporte Público en la Zona Norte dependiente del Gobierno del Estado, se encuentra rebasada para ordenar el servicio por insuficiencia de personal en el área de inspección y hasta por falta de datos certeros.
“Meterse al pulpo camionero no era de un día para otro”, advierte el jefe local de Transporte Público, Víctor Hugo Estala Banda, quien asumió el cargo con la llegada del nuevo gobierno estatal en octubre del año pasado.
Concede que a casi 10 meses de ocupar el puesto público parece que no pasa nada con el servicio de transporte público en la ciudad, pero asegura que durante este tiempo ha buscado dar un “golpe de timón” con acciones de fondo más que de forma porque el servicio se encuentra “con el agua hasta el cuello”.
Entre las acciones que ha realizado durante estos meses enumera la implementación de un curso de certificación para choferes, buscar mayor coordinación con el Gobierno Municipal y exigir a los concesionarios la contratación de seguros para amparar a los pasajeros contra daños.
También, el inicio de planes para reestructurar las rutas, actualizar el padrón de concesiones de transporte público, instalar paraderos y ordenar el servicio de transporte de personal, pero sobre todo, afirma, no incurrir en prácticas de corrupción.
Urgen más inspectores
“No le tengo miedo a la crítica y tampoco soy del político que dice que llegó y transformé porque esto se ve, realmente hemos avanzado en cosas de abajo, creo que tenía que empezar por ahí y lo que ahora sigue son unidades mejores, también les dije a mis superiores que necesito más inspectores”, sostiene.
A nivel local sólo hay 13 inspectores que trabajan en tres turnos para vigilar el funcionamiento de poco más de 8 mil concesiones de transporte público en sus diferentes modalidades: colectivo de pasajeros, especial para trabajadores y estudiantes, taxis, materialistas, acarreo, grúas, basura y carga.
De acuerdo con los datos en poder de Transporte Público, que corresponden al 2015, en la ciudad hay mil 876 concesiones para el servicio colectivo de pasajeros distribuidos en 32 líneas.
Sin embargo, del total de las concesiones se sabe que sólo mil 145 se encuentran activas y de las rutas sólo funcionan 29, porque tres desaparecieron aparentemente porque dejaron de ser rentables.
Hay el doble de concesiones de las que se requieren
Los mismos transportistas dicen que esto se debe también a la sobresaturación de concesiones otorgadas por el Gobierno del Estado, de las que consideran hay casi el doble de las que son necesarias para dar un servicio eficiente en la ciudad.
Si bien los transportistas no identifican un período en el que se hayan incrementado estas licencias, dicen que ha sido progresivo desde finales de la década de los 90 hasta la anterior administración estatal que concluyó el año pasado.
Exponen que esta sobresaturación de concesiones ha propiciado el descontrol que no sólo encaran ellos por pulverizar las ganancias y dificultar que se capitalicen para comprar camiones nuevos o acceder a créditos, sino los usuarios que durante sus trasladados padecen por las malas condiciones del servicio.
Usuarios y su pesadilla
“Tengo toda una vida viajando en camión y nomás no mejora el servicio, cada vez está peor; ahí va uno sentada casi en los tubos o deteniendo el asiento para no caerse y los que son nuevos cobran más caro, ocho pesos, realmente no se ve pa’ cuando esto vaya a cambiar”, menciona Rosa María Hernández, usuaria frecuente de la Ruta Juárez Aeropuerto.
Aunado al estado físico y mecánico de los camiones, usuarios entrevistados hacen referencia al mal trato que, aseguran, dan la mayoría de los choferes, de los que se quejan por no tener un control en los tiempos y circular a exceso de velocidad o muy lento, según su conveniencia, así como hacer paradas donde quieren, llevar música en volumen alto o acompañantes con los que se distraen.
“Yo no veo para cuándo cambie esto, no creo que se pueda cambiar todo el transporte porque la ciudad tampoco da para traer camiones nuevos por todos lados, pero al menos sí que haya orden”, proclama Esteban Torres, pasajero de la Ruta 2-Lázaro.
Se confrontan autoridad y concesionarios
En medio del cambio de autoridades en Transporte Público se ha desatado la confrontación entre concesionarios y la autoridad, que mutuamente se culpan de las condiciones en las que opera el servicio y no facilitar el orden.
Mientras que la autoridad ha emprendido acciones como el decomiso de camiones sin placas, la emisión de apercibimientos por quejas de usuarios, la exigencia de usar seguro y la suspensión de transferencias; los concesionarios han hecho lo propio para expresar su inconformidad.
Los transportistas han incurrido en actos de rebeldía como aumentar la tarifa al menos en un par de ocasiones por no aprobarles un ajuste en el cobro, suspender descuentos a estudiantes y adultos mayores, y hasta promover amparos en contra de lo que consideran representa un abuso de autoridad en su contra.
“Estamos ante un servicio con 40 años de retraso y se ve, no necesitas estar aquí para darte cuenta, es cuestión de salir a la calle, ver los camiones y subirte a uno”, dice Víctor Estala, quien dice haber encontrado un desorden en el transporte público por falta de “buenos” jefes y concesionarios “conchudos”.
Y aunque el jefe de Transporte sostiene también que encontró una dependencia “altamente corrupta” y un mercado negro con las concesiones que se comercializan en 40 mil dólares por el que cerró temporalmente la transferencia de las mismas en espera de liberar unas 500 que se encuentran en trámite, admite que no tiene ninguna prueba sobre estas situaciones que denuncia.
Para los concesionarios, estos señalamientos del titular de Transporte Público, así como las acciones emprendidas para ordenarlos, representan una actitud hostil y revanchismo político.
“Si estamos en estas condiciones es porque el propio gobierno las ha propiciado. Si hubieran querido ponernos en norma lo hubieran hecho, pero les convino tenernos así por cuestiones políticas, porque los líderes nos involucraron en cuestiones de partido y de alguna manera estuvimos ligados de palabra, pero no de consentimiento, con el PRI”, asegura un concesionario con más de 30 años de experiencia en el ramo.
El transportista que pide no ser identificado públicamente agrega que ahora el nuevo gobierno busca regularizarlos en unos meses, pero sin tener un plan definido en el que hayan sido involucrados para mejorar el servicio de manera integral.
Con este reclamo coincide José Alberto Holguín, coordinador general de la Asociación de Transportistas del Transporte Urbano y Suburbano de Ciudad Juárez, quien agrega que las actuales autoridades que regulan el servicio actúan con soberbia y demagogia, pero con total desconocimiento del área.
“Estamos estancados, sin avances en la modernización, lo que se ha hecho en los últimos años ha sido por iniciativa y esfuerzo de los mismos concesionarios, porque la autoridad no ha apoyado en lo más mínimo ni siquiera con paraderos y ahora el servicio está colapsado en todos los sentidos”, manifiesta.
Refiere que ahora la relación con la autoridad se ha tensado porque de manera generalizada los catalogan de haber incurrido en actos de corrupción y de ser priistas, además de que los mantienen excluidos de los planes para poner en marcha la segunda ruta troncal.
“Nosotros nunca hemos dejado de dar el servicio aun en medio de la crisis de seguridad que también nos ha golpeado, tampoco lo hemos hecho cuando llueve o nieva, ahí andamos a oscuras con todo el descontento social que hay, entre calles sin pavimento ni señalamientos, nosotros no hemos dejado de trabajar”, agrega Noel Morales Nájera, concesionario de la Ruta Poniente Sur. (Gabriela Minjáres)
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