Gabriela Minjáres/
El Diario de Juárez
Las medidas implementadas por el jefe de Transporte Público en la Zona Norte, Víctor Estala Banda, para tratar de “educar” y ordenar a los concesionarios del servicio público en la ciudad han tenido repercusiones judiciales por actuar fuera de la ley y se le sigue un proceso por incumplimiento de sentencia, lo que se sanciona con multa o hasta destitución.
El nuevo programa de Atención Ciudadana impulsado bajo su dirección, que tiene como herramientas principales los servicios de mensajería instantánea de WhatsApp o la red social Facebook, desató la inconformidad de ruteros, que decidieron llevar el caso a los tribunales federales a través de un juicio de amparo.
Seis concesionarios de la ruta Poniente-Sur que promovieron el recurso legal ganaron el amparo y protección de la justicia federal en contra de Estala Banda, por los apercibimientos que les giró durante febrero y marzo por supuestas quejas que usuarios le hicieron llegar a través de WhatsApp.
El juez Sexto de Distrito con sede en la ciudad, Héctor Manuel Flores Lara, concedió el 11 de julio el amparo a los transportistas, porque el funcionario estatal se negó a proporcionarles información sobre los procedimientos abiertos en su contra.
El abogado de los concesionarios, Javier Carnero Hernández, explicó que el problema de fondo es que Estala Banda incurre en excesos y actúa fuera de la ley, porque los apercibimientos no existen en el marco que regula el servicio de transporte público y las quejas que los motivaron están carentes de tiempo, forma y lugar.
Además, porque el representante legal advirtió que al negar información a los ruteros vulnera su derecho a defenderse, lo que los coloca en un estado de indefensión, pero también pone en riesgo las concesiones que tienen a su cargo, debido a que los apercibimientos se adjuntaron a los expedientes con la amenaza de cancelarlas.
“Empezaron a mandar apercibimientos a mis clientes y, de entrada, les digo que son inconstitucionales porque la Ley de Transporte y sus Vías de Comunicación del estado de Chihuahua no autoriza mandar apercibimientos y menos por anónimos”, afirmó Carnero.
Víctor Estala confirmó los hechos y concedió que se trató de un error que tuvieron en el procedimiento, pero rechazó dar un paso atrás en su intención por regularizar el servicio de transporte público ante este tipo de actuación de concesionarios.
“Subimos a los camiones con el área de Atención Ciudadana con la idea de culturizar a la raza con campañas de información, hicimos apercibimientos y nos ganaron un amparo, pero no nos estamos levantando porque nos hayan asustado”, dijo.
De acuerdo con el expediente 453/2017 del juicio de amparo promovido por los transportistas, los apercibimientos se fundan en los artículos 1, 4, 45 y 47 de la Ley de Transporte y sus Vías de Comunicación del Estado de Chihuahua.
Sin embargo, tales artículos establecen disposiciones generales como el objeto de la ley, las autoridades encargadas de su aplicación, las obligaciones de los concesionarios y motivos de cancelación de concesiones, sin que en alguno de ellos se mencione la acción de apercibir como una sanción.
Los documentos contienen los logotipos oficiales del Gobierno del Estado y la Dirección de Transporte, así como un número de folio, motivo de la queja y la identificación del número económico de la ruta a la que se le expide el apercibimiento, del inspector que entrega el documento y la titular de Atención Ciudadana, todo llenado mediante computadora.
Una de las quejas que motivaron uno de los apercibimientos dice de manera textual: “venía en mi carril derecho y casi me subo a la banqueta para que no me pegara”.
Otra dice: “En las calles Panamericana y Granjero, no los quiso levantar, le hicieron la parada (había varias gentes esperando el camión)”.
Mientras que una más menciona: “Por conducir a exeso (sic) de velocidad y circulación peligrosa 2:15 PM va hacia el 20 la gente está bajando”.
En todos los documentos se incluye una leyenda que invita a los concesionarios “a modificar conductas, arreglar desperfectos y conducirse con apego a la ley aplicable.
Aunque el titular de Transporte Público, Víctor Estala reconoció que cometieron un error “por pretender hacer las cosas de forma diferente y educar” a los concesionarios, aseguró que estos hechos no representan un acto ilegal ni un exceso de autoridad.
Aunque comentó que los apercibimientos ya no se llevan a cabo, pero la oficina todavía utiliza el servicio de WhatsApp y Facebook como herramientas para recibir quejas de los usuarios y proceder en consecuencia.
Argumentó que la recepción de quejas de usuarios vía redes sociales son de gran apoyo porque sólo cuenta con 17 inspectores para regular más de ocho mil permisionarios de camiones urbanos y de personal, taxis, grúas y pipas.
“Se cometió un error más que un exceso de autoridad, no tuvimos que haberlo hecho de esa forma en como lo hicimos, subir a los camiones, dar apercibimiento al chofer y decirle: tranquilo, tienes que hacerle así y así; teníamos que haberlo hecho con el área de inspección, pero es parte del juego y tengo que contestarlo”, manifestó.
De acuerdo con el abogado de los concesionarios, el jefe de Transporte Público ha incumplido hasta la fecha con entregar el informe completo a los concesionarios, a los que sólo les entregó copias simples y les negó los datos de los usuarios que se quejaron.
Aseguró que el funcionario estatal argumentó al juez federal que no proporcionaba la información de los quejosos porque son datos sensibles de los ciudadanos, por lo que se le promovió un incumplimiento de la sentencia.
“Se le está promoviendo porque no se está de acuerdo con el cumplimiento del fallo protector que ya tenemos logrado y estamos pidiendo que el juez de Distrito le requiera de nueva cuenta, ya sea con multa o puede llegar hasta un eventual destitución, o que le requieran por medio de su superior jerárquico, de la entrega de la información a cabalidad”, informó.
Agregó que el incumplimiento de sentencia de amparo se promovió ante el mismo juez federal el 19 de julio y actualmente sigue en proceso. (Gabriela Minjáres/El Diario de Juárez)
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