Itzel Ramírez/
El Diario
La suspensión definitiva a la licitación del programa “Juárez Iluminado” se concedió por la posibilidad de que su ejecución significara un “daño irreparable” al Municipio, de acuerdo con la resolución del Juzgado Sexto de Distrito.
“Al concederla (la suspensión) se busca evitar que se ejecuten en forma irreparable los actos reclamados, pues de asignarse la concesión … se corre el riesgo de que ésta se ejecute, total o parcialmente, por cualquier o las dos partes, y con ello se tornen de difícil reparación los actos reclamados”, menciona el documento, al que tuvo acceso El Diario.
La resolución, firmada por José Universo Bautista Fuerte, secretario del Juzgado Sexto de Distrito en el estado y fungiendo como encargado de despacho debido a vacaciones del titular, establece que de materializarse, los daños económicos serían imposibles de reparar.
“… (Hay una) probabilidad razonable de que se materialice un daño irreparable… en su caso ejecutarse los contratos administrativos relativos a la licitación pública nacional identificada como CAM-OM-11-2017, resultaría en suma difícil reparar la violación constitucional, pues ello supondría revertir los efectos ya producidos por los contratos, como lo podrían ser la entrega –y restitución– de dinero, y la instalación de las luminarias de alumbrado público, por parte de la empresa a la que se le adjudicara el contrato respectivo”, establece el documento.
La resolución determina que sin pronunciarse sobre si la aprobación del proyecto viola disposiciones jurídicas, es necesario tener la seguridad de que el gasto público “se está realizando en forma adecuada, eficiente y honesta, la cual importa conocer a la comunidad a la que impacta esa decisión gubernativa, con motivo de la transparencia a que está obligado, por regla general, la autoridad en sus diversos órdenes de gobierno”.
Fundamentado en el artículo 150 de la Ley de Amparo, razonó el juzgador, resultó preferible suspender el proceso de licitación, “a fin de evitar que esos actos de consumen de forma tal que torne imposible su reparación”.
El abogado Jesús Alberto Velázquez, representante legal de quienes promovieron el amparo, dijo que la resolución además de reconocer el interés legítimo de los ciudadanos, encontró razones suficientes para suspender la licitación con la finalidad de proteger el derecho de los promoventes.
“El artículo 134 de la Constitución garantiza para todos los mexicanos el derecho a ser informados y a ser consensuados en relación con la administración pública, en relación con el ejercicio del gasto, en relación con los principios de transparencia, de honradez en esta materia”, refirió el abogado, mencionando uno de los argumentos del amparo.
Consideró que la suspensión otorgada representa un triunfo para la ciudadanía. Estimó que, dada la naturaleza de los procesos jurídicos, el asunto terminará de resolverse hasta mediados del próximo año.
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