Karen Cano/
El Diario
Por considerar que la revisión aleatoria de las pertenencias de su hija es un acto que atenta contra sus derechos, Lula Ortiz se negó a firmar la autorización para que se efectúe la llamada “Operación Mochila”.
“No me hagan caso a mí, hay que revisar la Constitución. Criminaliza a nuestros hijos e hijas, ¿acaso también los maestros son esculcados? Transfiere obligaciones de los padres y no soluciona el problema de la violencia en escuelas”, dijo la mujer.
Igual que ella, algunos padres y madres en otras escuelas se han negado a dar su autorización para la revisión, y aunque son pocos, están en todo su derecho, informó Marisa Cardona Gurrola, coordinadora del Programa Nacional de Convivencia Escolar.
La situación cobró fuerza debido a que se recomendó a las escuelas que al momento de inscribir a los hijos, los padres de familia firmaran una carta autorizando las revisiones aleatorias. La funcionaria señaló que la firma es opcional y que los padres, las madres y los estudiantes tienen derecho a decir no, pues obligarlos sería una violación a sus derechos.
“Es una sugerencia, algunos planteles lo harán y otros no. Anteriormente al momento de implementar el operativo, un día antes se le mandaba la autorización al padre; haciéndolo desde al principio se tiene la autorización para hacerlo en cualquier momento”, dijo.
Indicó que el año pasado aumentaron las solicitudes derivado del atentado ocurrido en Monterrey, donde un estudiante disparó contra sus compañeros y maestra en un salón de clase.
Sin embargo, aún con la intensificación del operativo, no se encontró nada nunca, en ninguna escuela de las revisadas.
“Lo que se recomienda es que los padres que no estén de acuerdo con que alguien les revise las mochilas a sus hijos, lo hagan ellos mismos. Todo es en vías de prevención y la idea es seguir haciendo los operativos y esperemos no encontrar nada”, dijo.
Agregó que la diferencia de que la Fiscalía haga la revisión a través del programa “Operación Mochila”, es que en caso de que el estudiante tenga entre sus pertenencias algo ilegal, se daría un seguimiento a través de la escuela, y de otro modo sería un procedimiento externo y ajeno al institución.
También dijo que al momento de hacer las revisiones, se cuenta con personal de los Derechos Humanos y testigos de la propia comunidad estudiantil. (Karen Cano)
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