Fernando Aguilar/
El Diario
La Corte Suprema de Estados Unidos regresó ayer el caso del juarense Sergio Adrián Hernández Güereca al Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito Federal, para su reconsideración.
La familia del menor de 15 años, asesinado a balazos por un elemento de la Patrulla Fronteriza en las orillas del Río Bravo, el 7 de junio de 2010, buscaba demandar por la vía civil al agente identificado como Jesús Mesa.
Ahora, para Guadalupe Güereca, madre del adolescente muerto, el revés de la Corte es una muestra de que “para los pobres”, la justicia no existe.
“Yo tenía una esperanza de que ellos hicieran algo, pero no”. “Tenía la esperanza de que se hiciera algo sobre eso, pero ya miré que para los pobres no hay justicia aquí en la Tierra. Para uno, de pobre y mexicano, no hay justicia”, dijo desesperanzada.
“Si ellos no hicieron nada, no hicieron justicia, no hicieron nada, todo se lo dejo a mi Dios. Todo. Yo sé que aquí (Jesús Mesa Jr., el agente que le disparó desde el lado estadounidense) se salvará en la Tierra, pero existe un Dios y yo sé que de él nadie nos escapamos”, expresó.
La madre de Sergio Adrián indicó que continuará reuniéndose con los padres y familiares de otras víctimas de agentes de la Patrulla Fronteriza, pero afirmó que ahora sin mucha esperanza de lograr algo.
Apenas en febrero, cuando tomó el caso, la Suprema Corte de EU se mostró dividida con cuatro jueces demócratas y cuatro republicanos que se pronunciaban a favor y en contra de que la familia tuviera el derecho de demandar por la vía civil al agente.
El incidente ocurrió el 7 de junio de 2010, cuando Sergio Adrián, quien entonces tenía 15 años, estaba en el cauce del Río Bravo a la altura del Puente Negro, situado sobre el bulevar Bernardo Norzagaray en el norponiente de la ciudad.
Hernández Güereca, del lado mexicano, supuestamente lanzó piedras contra el agente del lado americano y fue cuando éste le disparó causándole la muerte.
La familia del adolescente demandó inicialmente al Gobierno de los Estados Unidos, la Aduana estadounidense, al Departamento de Seguridad Nacional y al agente Mesa, alegando que los derechos civiles del adolescente habían sido violados.
Un juez de Distrito desestimó los cargos porque Hernández era mexicano y estaba en suelo mexicano cuando ocurrió el tiroteo.
Un Tribunal de Apelación dictaminó en 2014 que Mesa podría ser demandado en su capacidad individual, aunque las agencias estadounidenses no podrían ser demandadas.
Luego, en abril de 2015, el Tribunal de Apelaciones del 5º Circuito Federal se puso de parte de Mesa, diciendo que tenía derecho a inmunidad porque Hernández estaba al sur del Río Bravo cuando ocurrió el tiroteo.
La familia del adolescente apeló a la Corte Suprema de EU, y en octubre de 2016, el alto tribunal acordó considerar el caso.
Ayer la Corte Suprema envió el caso al 5º Circuito, ordenando al tribunal que revisara su decisión anterior a la luz de otras decisiones judiciales que han ocurrido desde entonces.
“Los hechos alegados en la denuncia representan un incidente perturbador que resulta en una pérdida de vida desgarradora”, escribió el Tribunal. “Si los solicitantes pueden recuperar los daños por esa pérdida en esta demanda, depende de las preguntas que podrá responder mejor el Tribunal de Apelaciones”.
Los abogados de la familia han argumentado que la demanda contra Mesa debe proceder, en parte, debido a un caso de 1979, Bivens contra seis agentes de nombres desconocidos, de la Oficina Federal Antidrogas.
El tribunal sostuvo en ese caso que violar los derechos de la Cuarta Enmienda de una persona, que garantizan la protección contra la búsqueda y la incautación ilegales, les da el derecho de demandar legalmente a un agente federal. Fernando Aguilar / El Diario / Con información de El Diario de El Paso)
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