C. Ávila/A. Fernández/
El Diario
La forma en que se está realizando el decomiso de autos sin placas puede convertirse en un problema social y de agresión contra el patrimonio de familias, indicaron presidentes de cámaras empresariales.
Raúl de León Apraez, presidente de Canacintra, señaló que el gremio está de acuerdo en que la medida es por seguridad, pero la acción se implementó de forma extremista.
“No estamos de acuerdo en las formas en que se está haciendo, primero se debió pensar en una regularización y entonces sí quienes no entraron a la legalidad proceder”, declaró.
Rogelio González Alcocer, presidente de Cámara Nacional de Comercio (Canaco) comentó que lo anterior pone el riesgo el patrimonio de familias cuya posibilidad de tener un carro es sólo por medio de los lotes.
Martin Alonso Cisneros, presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles, coincidió en que lo primordial es regularizar a los vehículos sin micas y que fueron adquiridos de forma licita.
En tanto, sectores de la sociedad civil coinciden en que es importante analizar la manera de regularizar vehículos en Juárez, ya que las restricciones federales para la legalización, así como la necesidad de movilidad son factores que propician la circulación de vehículos al margen de la ley.
“Tenemos un parque vehicular no identificado de alrededor de 23 mil unidades, estas unidades no sabemos quién las está utilizando y cómo lo hace, en ocasiones para hacer actos delictivos. En años pasados la Mesa pugnó porque se detuvieran vehículos así, pero estamos hablando de una cantidad tremenda, que en efecto están fuera de la ley, pero hay ciertos factores como que también son patrimonio de la ciudadanía”, externó la coordinadora de la Mesa de Seguridad, Astrid González.
“No se puede atender de la misma manera los problemas de seguridad en Cuauhtémoc en Ciudad Juárez o en todo el Estado porque todos los municipios son diferentes, cada uno requiere una aproximación distinta por el contexto”, externó Hernán Ortiz, presidente de la organización Ciudadanos por una Mejor Administración Pública.
Mientras tanto Sergio Conde Varela, abogado, presidente de la organización Patria Nueva consideró muy drástica la consignación hacia la PGR, pero mencionó que debe haber un orden legal en este sentido, ya que no es posible que se permita la circulación de estos vehículos porque esto abre la puerta a la ilegalidad en toda la ciudadanía.