Gabriela Minjáres/
El Diario
El reciente despido de al menos 10 trabajadores sindicalizados de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) de Ciudad Juárez, así como la pretensión de liquidar a más de 200 empleados, tienen al borde de la huelga al organismo descentralizado del Gobierno del Estado y con ello, a la deriva el servicio público.
Mientras que el Sindicato de Empleados y Trabajadores al Servicio de Agua Potable y Saneamiento oficializó el viernes el emplazamiento a huelga por presuntas violaciones al contrato colectivo de trabajo, la Junta anunció que en los próximos días dará de baja a unos 50 empleados de confianza.
El presidente de la JMAS, Jorge Domínguez Cortés, dijo que una huelga pondría en riesgo el servicio de agua potable en la ciudad, por lo que apelan a que impere la razón y la prudencia entre los sindicalizados, ya que anticipó que también despedirán a empleados de confianza y de honorarios.
“Lo que nosotros le hemos dicho al sindicato es que ya durante muchos años han tenido muy buenos sueldos y muy buenas prestaciones, que es tiempo que pongan una parte en beneficio de la ciudadanía, porque seguir trabajando al ritmo que estábamos nos podemos seguir comiendo el presupuesto de la Junta y no hacer nada por la ciudad, que necesita mucha inversión, mucho trabajo”, mencionó.
Explicó que estas acciones obedecen a una reestructura general de la JMAS con la que buscan reducir el personal hasta en un 25 por ciento y generar ahorros hasta por 200 millones de pesos al año, recurso que se invertiría en infraestructura pública.
Sin embargo, el secretario general del sindicato, Javier Ramos García, consideró que de ninguna manera pueden convenir el despido de trabajadores y mucho menos consentir la violación del contrato colectivo de trabajo, cuando hay otras formas de llevar a cabo una reestructura sin afectar la fuente laboral.
“Estamos ejerciendo el derecho a la huelga por lo que nosotros consideramos violaciones al contrato colectivo, ya que pretenden reducir al personal en un 25 por ciento y es por eso que nos estamos organizando para ejercer nuestro derecho”, afirmó.
Acompañado de Jesús José Díaz Monárrez, secretario general de la Federación Regional de Trabajadores del Norte de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) –al cual está adherido el sindicato–, agregó que los empleados decidieron emplazar a huelga a la JMAS porque hay mucha tensión y preocupación ante los recientes despidos.
Hace unos días la Junta despidió a 10 sindicalizados, ocho de ellos porque supuestamente dieron positivo en el examen antidoping que aplicaron de manera sorpresiva a personal que opera las pipas para la distribución de agua potable en la ciudad y gente del área de limpieza.
Ramos García explicó que en todos estos casos ha intervenido el sindicato, porque consideran que el procedimiento se realizó sin apego a la ley y al contrato colectivo, lo que violenta los derechos del trabajador.
Afirmó que de ninguna manera avalan que el personal incurra en conductas indebidas, pero sus asesores legales les explicaron que el consumo de drogas no es causal de recesión de contrato, porque sólo pueden ser despedidos si se les encuentra consumiendo drogas o alcohol en el centro de trabajo.
“Estamos defendiendo el derecho al trabajo, no nos oponemos a tener gente limpia y capaz de realizar sus trabajos en todas las áreas. El Sindicato no es un escudo para conductas indebidas, pero es nuestro deber defender el derecho del trabajador y que no se pase por encima de la ley en ninguno de los casos”, reiteró.
Dispuestos al diálogo
Díaz Monárrez agregó que en las negociaciones con la JMAS buscarán privilegiar el diálogo, pero no aceptarán el despido de ningún trabajador y están dispuestos a irse a la huelga si no hay un acuerdo positivo en buenos términos.
“Ya depende de ellos qué respuesta nos den, porque tenemos el apoyo de la gente, pero también la presión porque empezaron a correr trabajadores y lógicamente se aceleró, luego corrieron rumores de que iban a haber muchos liquidados y la gente se alborotó”, manifestó.
Los líderes sindicales concedieron que si bien existe a su favor “un buen contrato colectivo”, los derechos laborales adquiridos se han logrado a lo largo de 60 años, y lo que ahora corresponde es trabajar de manera coordinada para buscar una mayor eficiencia y abatir costos en áreas con medidas de administración.
Y es que también señalaron que la Junta tiene mayor personal del que permite el contrato, donde se establece que deben tener unas 270 plazas de confianza cuando actualmente tienen a su servicio más de 350 porque tienen unos 100 trabajadores por honorarios.
El presidente de la JMAS, Jorge Domínguez, aseguró que actualmente cuentan con 230 trabajadores de confianza y 120 por honorarios, por lo que la reestructura también incluye a este personal.
Subrayó que están dispuestos a negociar con el sindicato el recorte del personal a cambio de ciertas prestaciones, pero siempre que signifique un ahorro para la Junta, porque la situación del organismo es insostenible. (Gabriela Minjáres / El Diario)
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