Fernando Aguilar/
El Diario
Representantes de sectores de la sociedad civil y abogados cuestionaron la eliminación de sanciones económicas por manejar en estado de ebriedad.
Consideraron la medida como inconstitucional porque el guiador, al cometer una falta administrativa, debe poder tener la opción de pagar una multa.
Además urgieron al Municipio a planear otras estrategias para frenar el problema y garantizar que el proceso sea transparente.
Para Catalina Castillo Castañeda, directora de la Organización Popular Independiente (OPI), la medida debe ser acompañada de acciones contundentes enfocadas también a los bares donde se expenden las bebidas alcohólicas.
Desde su punto de vista, las autoridades deben reforzar las campañas de prevención y, también, apostarle a generar más opciones para que los ciudadanos dispongan de su tiempo libre no sólo en los centros nocturnos.
“Es una medida bastante corta de visión”, consideró. “Lo que se necesita es generar una cultura al automovilista de que no debe ingerir bebidas alcohólicas cuando maneja. En realidad tendría que ser dentro de los bares porque no hay ninguna medida en términos de los bares y espacios donde se ingieren”.
Lorenzo Soberanes Maya, vicepresidente de Salud en la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) local, dijo que es importante que el Municipio garantice que los procesos de detención sean totalmente transparentes.
El médico opinó que las autoridades deben asegurarse de que los equipos para determinar el grado de alcoholemia estén calibrados y que la detención no quede al libre albedrío de los agentes de Tránsito o de médicos con poca o ninguna experiencia en esos ámbitos.
La eliminación de las sanciones económicas es una medida inconstitucional porque el guiador, al cometer una falta administrativa, debe poder tener la opción de pagar una multa, consideró a su vez Javier Cuéllar Moreno, decano del Colegio y Barra de Abogados Benito Juárez.
Para él, sin embargo, es una alternativa que puede traer resultados positivos dado el actual panorama en el que cada fin de semana se registran numerosas detenciones de conductores alcoholizados.
Para la abogada Marisela Vázquez, del departamento jurídico del Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, las detenciones en retenes antiebrios son anticonstitucionales.
“Como centro de derechos humanos comentábamos precisamente la violación directa a la Constitución Mexicana y el argumento se encuentra en los artículos 14 y 16, que dicen que nadie puede ser privado de la libertad”, externó.
“Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho”, se lee en el artículo 14 de la Constitución Mexicana.
Vázquez consideró que el castigo a manejar en estado de ebriedad corresponde a una falta administrativa, es decir una sanción económica, no a la privación de la libertad.
Agregó que en el artículo 16 constitucional se estipula que solamente pueden ir a la cárcel aquellas personas que pasen por un proceso de enjuiciamiento.
“No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad y obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión”, se lee en el artículo 16.
La abogada Leticia Valladares consideró que eliminar las multas a los guiadores ebrios deja sin castigo a los infractores.
“En dónde va a estar la consecuencia de sus actos”, cuestionó. (Fernando Aguilar / Alicia Fernández / El Diario)
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