Fernando Aguilar/
El Diario
Organizaciones civiles exigieron a la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) transparencia respecto al aumento mensual del 0.6 por ciento en el servicio.
El alza, que no había sido difundida, es adicional a la de hasta 31 por ciento aprobada en febrero pasado.
Sergio Conde Varela, representante de Patria Nueva, consideró que no hay una claridad respecto a por qué se incrementa el cobro, quién lo ordenó y bajo qué criterios fue tomada esa decisión, por lo que urgió a la Junta a hacer lo necesario para transparentar esa decisión.
“Nada más sueltan la noticia, pero necesita haber una verificación del costo del agua”, señaló. “Necesitamos saber quién lo está fijando y por qué, con base en qué”.
Para Catalina Castillo Castañeda, directora general de la Organización Popular Independiente (OPI), el aumento viene a repercutir en la ya deteriorada economía familiar.
Desde su punto de vista, el Estado está violando el derecho a la supervivencia tanto como el derecho al agua porque no garantiza el acceso a este líquido.
“El servicio es deficiente sobre todo en las colonias del poniente juarense. Ahora viene la temporada de verano, donde hay mujeres que no duermen por esperar el agua que llega tres horas al día. Se recrudece cuando hay niñas, niños y adultos mayores. Esta temporada se traduce en muchas enfermedades diarreicas y golpes de calor”, opinó.
A la par con el alza de hasta el 31 por ciento aprobada en febrero pasado, la Junta de Agua aplica otro incremento mensual del 0.6 por ciento.
De acuerdo con el acuerdo número 19/ORDINARIO/2017, aprobado el 28 de febrero por el Consejo Directivo de la JMAS pero publicado apenas el pasado miércoles 17 de mayo, se modificaron las actas tarifarias para el ejercicio fiscal 2017 de las Juntas de Juárez, Delicias y Jiménez.
José Luis Ontiveros, líder del Frente de Movimientos Populares, rechazó esta disposición con el argumento de que el agua es un derecho y por tanto debe ser un servicio gratuito.
“No han entendido en la Junta de Agua ni el gobernador ni Ramón Galindo, que el servicio es gratuito, que no se debe cobrar porque fue un tratado que se firmó. Nosotros tenemos que hacerle ver al gobernador que los metros cúbicos que le corresponden al ciudadano se le tienen que dar”, comentó. (Fernando Aguilar / El Diario)