Cinthya Ávila/
El Diario
La protección y respaldo que sintió Arturo Cárdenas al comprar un seguro para su automóvil se le derrumbó luego de sufrir el impacto de otro vehículo. Tuvo la suerte de salir ileso, pero se sintió desamparado por casi seis meses porque tuvo que esperar todo ese tiempo por la reparación de su unidad, la cual además asegura no quedó bien.
El daño de su carro fue en la parte frontal y aunque la compañía entró en acción de inmediato, con el paso del tiempo que debió esperar para volver a tener su coche se sintió en el abandono.
“Yo saqué el carro porque ya me urgía, pero tuve que comprarle pila y amortiguadores porque se dañaron por el tiempo sin uso”, recuerda Cárdenas al narrar el accidente que sufrió a mediados del 2015.
Arturo no es el único que reniega de la tardanza de las compañías de seguro para responder ante una contingencia generada por un accidente vial. La subdelegación de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) reporta que cada vez son más los reclamos que reciben por este motivo.
Las molestias se generan debido a que los talleres están saturados, pues sólo operan 20 establecimientos que reúnen las condiciones de calidad requeridas para las aseguranzas que tienen a más de 120 mil automóviles en su cartera local de clientes.
Por eso hay clientes en lista de espera para recibir valoración de daños y luego para la reparación de su unidad.
Otro caso es el de Beatriz Ortiz, quien a tres meses del accidente, que ocurrió en febrero pasado, sigue aguardando cita en el taller asignado por su seguro para remozar su camioneta.
La guiadora menciona que tan sólo para valorar los daños la compañía de seguros tardó dos meses. El golpe en la parte trasera del auto sólo refleja un leve “raspón” y desprendimiento de pintura en la carrocería.
Una vez que se evaluaron las consecuencias del siniestro la aseguradora le dijo que debía esperar dos meses y medio para que el taller se comunicara, le diera una cita y entonces ingresara a reparación.
“Y aquí sigo esperando”, comenta la conductora a tres meses del choque, tiempo que se le ha ido en ir y venir de un lugar a otro por la reclamación de sus afectaciones.
Si el daño es por condiciones climatológicas el desamparo es mayor, de acuerdo con testimonios de los afectados y de la representación local de la Asociación Mexicana de Agentes de Seguros (Amasfac). Esta última dice que el sector todavía enfrenta rezago en servicio por la granizada que azotó a la ciudad a finales de 2015 y 2016 cuyo evento climático rebasó su capacidad de respuesta.
Por eso sus clientes reclaman que a los automovilistas una ley los obliga a comprar este servicio y a los seguros no hay quién se encargue de ver que cumplan.
Entre el desamparo … y reclamos
Mientras que el Reglamento Municipal de Tránsito obliga a conductores de la ciudad a tener una póliza de seguros de daños a terceros, los portadores de este servicio financiero se enfrentan a una serie de inconsistencias e indefensión a la hora de hacer reclamaciones.
El Directorio de Unidades Económicas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) señala que en la ciudad operan 18 instituciones de seguros, entre las cuales está el padrón de 120 mil autos asegurados en la ciudad, de acuerdo con la Asociación Mexicana de Agentes de Seguros (Amasfac).
El Reglamento de Vialidad menciona en el artículo 40 que todos los vehículos que transiten en la vía pública deberán contar con una póliza de seguros de daños a terceros para garantizar la reparación en caso de un accidente vial.
La sanción por no contar con seguro de autos en el tipo mencionado implica una multa de 35 hasta 37 unidades de Medida y Actualización (UMA’s), cuyo monto es el equivalente a 2 mil 793.13 pesos.
Quienes cumplen con tal precepto manifiestan que a la hora de hacer válida la cobertura por la cual pagaron se topan con trámites burocráticos, además de demoras tanto del asegurador como del taller asignado para responder por los daños, cuentan entrevistados.
Estadísticas proporcionadas por la subdelegación de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) establecen que de las reclamaciones que ingresan contra seguros en el rubro de autos, van en aumento las relacionadas a la tardanza en el servicio que reciben en los talleres asignados por ellos.
El reporte proporcionado de 2014 al primer trimestre de 2017 señala que la inconformidad con el tiempo para reparar el bien afectado encabeza la lista, pese a que muchos ni siquiera ponen denuncia, dicen, para evitar más pérdida de tiempo.
Las cifras indican que por este motivo en 2014 ingresó sólo una reclamación, en 2015 un total de cinco y el año pasado la cantidad creció a tasa anual un 460 por ciento con 28 inconformidades. A marzo de 2017 ya entraron tres quejas.
La molestia con el tiempo para el pago de los daños se triplicó al cierre de 2016. El número fue de 19 quejas contra 6 que se llevaron en 2015.
En total la subdelegación de Condusef recibió contra empresas aseguradoras 147 exigencias en el apartado de daños a automóviles. Al cierre del primer trimestre de 2017 se tomaron 31 controversias.
De acuerdo con los testimonios recabados, la espera por parte de las aseguradoras y talleres en convenio puede ser de hasta 12 meses, mientras al consultar a otros establecimientos del giro se informó que, dependiendo del desperfecto, en cuestión de días se entrega el automotor.
Por ejemplo, al cotizar en un taller ubicado en La Cuesta, describiendo el deterioro de una camioneta despintada a causa de un golpe, se detalló que en dos días el trabajo quedaba listo por un costo de 2 mil 800 pesos.
Ante incumplimiento, solo ofrecen conciliación
Al recurrir a la Condusef, los usuarios se encuentran con que este organismo únicamente funge como mediador entre las partes y no tiene facultades para obligar a las compañías de seguros a responder.
Érika Villagómez Girsoky, subdelegada de esa dependencia en Ciudad Juárez, dijo que la dependencia es intermediaria entre ofendido y seguro para que lleguen a un acuerdo por medio de audiencias de conciliación.
Las sanciones que se aplican a las aseguradoras se establecen de acuerdo a la normatividad de la Condusef dentro del proceso y con base a la información que los seguros presenten para el caso.
La Ley de la dependencia menciona que se podrá sancionar a la institución financiera en caso de no presentar la información requerida del caso para llevar la etapa conciliatoria.
“Sólo somos mediadores. No podemos obligar a la institución, pero buscamos darle al usuario los elementos para que ellos puedan entablar una demanda, en caso de no llegar a un acuerdo”, precisa la funcionaria.
Una vez concluido el proceso de conciliación y al no llegar a un arreglo la comisión puede emitir una opinión jurídica de la compañía en cuestión, la cual se elabora a nivel central, y a su vez se turna a la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF).
“El derecho del usuario no termina aquí. Puede recurrir a otras instancias y llevar el elemento de la opinión jurídica a su favor”, comenta.
Villagómez Girosky menciona que en caso de recurrir a juzgados el demandante llega solo y sin ninguna institución que lo ampare.
Esto pese a que en el artículo 86 de la Ley de Condusef se menciona que la dependencia deberá contar con un cuerpo de defensores, quienes tendrán la función de pugnar por el contratante del servicio financiero, en caso de continuar por la vía jurídica.
Sin embargo, en la subdelegación de Ciudad Juárez esta figura nunca ha existido, indica Érika Villagómez.
El fundamento legal para proceder jurídicamente, tratándose de ambas partes se cita en el artículo 95 de la Ley de Contrato de Seguros, donde se precisa que se puede exigir el pago correspondiente por daños y prejuicios.
El apartado 276 de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas establece que si una institución de seguros incumple con lo establecido en el contrato está obligada a pagar una indemnización por mora.
Datos proporcionados por el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua indican que en 2016 ingresaron 18 demandas contra establecimientos de seguros. De esas 12 siguen en curso y 6 recibieron sentencia. En 2017 se inició ya un proceso por la vía ordinario mercantil.
Rezago desde hasta dos años
La representación local de la Asociación Mexicana de Agentes de Seguros (Amasfac) detalla que el sector todavía enfrenta rezago de la granizada que azotó a la ciudad a finales de 2015 y 2016 cuyo evento climático rebasó la capacidad de respuesta de las aseguradoras.
Rafael Gómez Lima, presidente de Amasfac en la localidad, dice que por esa situación se pasó de recibir 10 eventos diarios en el rubro de autos a 2 mil siniestros.
“Se colapsó el sistema. No hubo suficiencia. Hubo reparaciones que tardaron hasta un año”, declara.
En la Ley de Contrato de Seguros y la Ley Instituciones de Seguros y Fianzas no se menciona un plazo determinado para que la empresa aseguradora realice el pago de daños o repare el bien asegurado.
Sin embargo, en el artículo 66 de la Ley de Contrato de Seguros se cita que el asegurado tiene máximo cinco días para dar aviso a su aseguradora.
Rafael Gómez menciona que los tiempos para que el bien sea indemnizado o reparado dependen de las condiciones de cobertura y de convenio entre ambas partes.
Al revisar los períodos establecidos en las condiciones generales del rubro de autos de tres diferentes compañías se encontró que el promedio establecido es de 30 días.
El presidente de Amasfac asegura que para evaluar los daños se establecen periodos máximos de hasta cinco días.
Indica que el retraso se sustenta principalmente en que los talleres
con que trabajan las aseguradoras están saturados. Agregó que en total en la ciudad operan con 20 establecimientos, que reúnen las condiciones de calidad requeridas para las empresas.
Gómez Lima menciona que para acelerar los procesos se busca que el beneficiario opte por una indemnización económica, lo cual tiene sustento en el artículo 116 de la Ley De Contrato de Seguros, donde indica que la empresa puede reparar o pagar el valor real del bien asegurado.
“Lo pueden solicitar directamente con su agente. Se le entrega un cheque y el cliente se hace responsable”, refiere.
Sobre esta opción, consumidores comentaron que la difusión es nula, pues de acuerdo con los testimonios, la alternativa no fue presentada por el agente de seguros. (Cinthya Ávila / El Diario)
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