Itzel Ramírez/
El Diario
El repunte de los delitos de alto impacto en Chihuahua fue analizado ayer aquí por expertos en seguridad pública que llamaron a los gobiernos a aumentar los recursos destinados al desarrollo de la carrera policial.
En un foro “Sumemos Causas” los especialistas se pronunciaron por la urgente necesidad de invertir más y de mejor manera en los policías para hacer de esta labor una profesión digna y aspiracional.
“No podemos tener una seguridad barata, la seguridad es cara, si queremos tener seguridad tenemos que invertir, no gastar, invertir realmente en ello”, apuntó María Elena Morera, presidenta de Causa en Común y organizadora del evento llevado a cabo en la ciudad.
Ahí dijo que en Chihuahua, durante el primer trimestre de 2017 se muestra un alarmante aumento en el número de homicidios en comparación los mismos meses del año anterior: de 77 a 121 en enero; de 64 a 145 en febrero; y de 75 a 118 en marzo.
“La crudeza de las cifras muestra que buena parte de la arquitectura institucional de seguridad y justicia está rebasada. No es posible ver pasivamente cómo se nos escapa entre las manos, lo que con tanto esfuerzo y sacrificio se había logrado” apuntó.
En el encuentro, que reunió a autoridades municipales, estatales, federales, académicos y activistas, hubo coincidencias en torno a la urgencia de que se cumpla con los estándares laborales establecidos en la ley para los policías.
“Debe emprenderse sin demora una reforma profunda a las policías, no podemos seguir apostando por que el país tenga militares en todos lados, lo que tenemos que apostar es por nuestras policías”, dijo la activista.
Mencionó que uno de los pendientes más importantes de los gobiernos de toda índole es cumplir con la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública y con las obligaciones de coparticipación que en materia de fondos federales para la seguridad existen.
En el mismo sentido se pronunció Manelich Castilla, comisionado general de la Policía Federal, al apuntar que apenas 3.75% de los mexicanos en el país se dedican a tareas operativas policiales, cifra que muestra lo poco atractiva que resulta la labor de los uniformados.
Dijo que uno de los objetivos primordiales de los gobiernos, de todos los niveles, debería ser garantizar el respeto a los derechos laborales de los uniformados y, de ser necesario, establecer nuevos mecanismos para la reinserción laboral de aquellos policías que tengan la capacidad probada para regresar a ese oficio.
César Augusto Peniche, fiscal general de Chihuahua, mencionó que en el estado es abajo del 1% del PIB el que se destina a seguridad pública y que este recurso se concentra en pocas corporaciones y en escasos municipios.
Dijo además que administraciones pasadas dejaron perder millones en recursos federales para seguridad pública.
“Hay cerca de 400 millones de pesos que no se pudieron ejercer porque no hubo coparticipación del gobierno estatal anterior. Se han perdido hasta 70 millones de pesos de recursos federales”, precisó.
Dijo que hay municipios, como Praxedis y Guadalupe y Calvo, donde no existen ni patrullas ni policías, por lo que urge aplicar de forma eficiente recursos en estas zonas.
César Ochoa, integrante de la Mesa de Seguridad y Justicia de Juárez, dijo que en la práctica, debido a las malas condiciones de trabajo de los uniformados, es complicado evitar la corrupción.
“No hay lugar más difícil para ser honesto que la policía”, comentó Ochoa.
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