F. Aguilar/C. Ávila/
El Diario
Miembros de la iniciativa privada señalaron que es necesario esclarecer y detallar los gastos realizados en las audiencias públicas del Gobierno del Estado para poder evaluar si el modelo es redituable.
Por su parte, representantes de organizaciones de la sociedad civil coincidieron que para medir su efectividad deberían apoyarse en mesas de trabajo que den seguimiento a los asuntos que plantean los ciudadanos.
Lo anterior, en un contexto donde estos eventos han costado al erario casi 2 millones de pesos invertidos en montarlos y difundirlos, sin contar montos de viáticos como hospedaje, gasolina, transporte y comidas de los funcionarios de las dependencias que participan en ellos.
Jesús Andrade Sánchez Mejorada, presidente de la Confederación Patronal Mexicana (Coparmex), comentó que hay que revisar todos los rubros que incluya la erogación en tal evento.
Manuel Sotelo Suárez, presidente en turno del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), dijo que hace falta hacer una evaluación a fondo del costo-beneficio que trae consigue la visita del gobernador Javier Corral y el despliegue de dependencias estatales.
Catalina Castillo Castañeda, directora general de la Organización Popular Independiente (OPI), consideró que el Estado no ha asumido una estrategia local que permita conjuntar a las asociaciones civiles y al Municipio para resolver problemas de la comunidad.
Dijo que las diferencias entre ambos niveles de Gobierno que no han podido ser atendidas han hecho más difícil un trabajo que permita dar solución a las inquietudes de los ciudadanos.
“En vez de gastar tantos millones en la organización y difusión de los programas, es necesario trabajar localmente (…) El éxito podría estar en una buena estrategia de trabajo intergubernamental y mesas interinstitucionales entre sociedad civil, Estado y Municipio”, comentó.
Desde el punto de vista de Jorge Arturo Echavarría Cruz, coordinador de Colegios de Abogados de la Federación Chihuahuense de Colegios de Abogados, las audiencias públicas son actos positivos para acercar a los funcionarios con los gobernados, pero hay que analizar si los resultados que han ofrecido justifican la erogación de montos millonarios.
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