Luz del Carmen Sosa/
El Diario
Sin amparo y de manera voluntaria, los expresidentes municipales Enrique Serrano Escobar y Javier González Mocken acudieron ayer por la mañana a la Fiscalía General del Estado (FGE) para conocer sobre las denuncias que existen en su contra por supuestas irregularidades en la adquisición del sistema de alumbrado público.
Junto con ellos acudieron más de 10 exfuncionarios, también señalados en la querella que presentó el jueves pasado el alcalde Armando Cabada Alvídrez.
Jorge Mario Quintana Silveyra, Juan Miguel Orta Vélez, Alberto Reyes Rojas, Óscar Luis Acosta, Alberto Reyes Rojas, Zuri Sadday Medina, Blanca Estela Martínez y Gerardo López Fierro, quien fungió como director de Alumbrado Público, formaron la comitiva de exfuncionarios que acudieron para conocer de la denuncia y su contenido.
En la sala de espera de la FGE ciudadanos que acudieron a interponer diversas denuncias, observaron curiosos a quienes fueron las primeras autoridades hasta el año pasado y que ingresaban rodeados de reporteros y fotógrafos.
Un sonriente Enrique Serrano subía la rampa a lado de Javier González Mocken para dirigirse a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Patrimoniales donde presentaron los nombramientos del equipo de abogados que encabezan Héctor González Mocken y Dante Acosta, además solicitaron las copias del expediente 37/2017/0012894.
“La idea fundamental es que podamos conocer la denuncia infundada y temeraria presentada por el presidente municipal y sus asesores. No hay elementos de prueba y nosotros tenemos la razón jurídica y eso lo vamos a demostrar a través de nuestros abogados”, dijo González Mocken.
Agregó que Armando Cabada Alvídrez no ha buscado el diálogo y negó que hubiera un fraude, por lo que responderán para aclarar las cosas.
“Vamos a aclarar las cosas ante la comunidad juarense y demostrar que somos gente de bien, que no le hemos quitado un peso a nadie y menos al Municipio. Esto es una persecución política del alcalde en vías de pretender reelegirse en el 2018 y no, no hubo fraude”, reiteró el también docente universitario.
Aseguró además que es en la actual administración donde se está haciendo un boicot al sistema de alumbrado público, para hacer parecer que hubo fallas de origen.
“Hay boicot para que el proyecto no funcione y darle paso a un proyecto de concesión que quiere hacer el alcalde”, agregó.
Minutos después la comitiva había realizado el trámite y los exalcaldes priístas salieron saludando y sonriendo a quienes los reconocían.
“Entregamos los nombramientos de los abogados y fuimos atendidos por la coordinadora del Ministerio Público y nos expresó que la indagatoria se va a llevar con estricto apego a derecho y sin tinte político, vamos a demostrar la no responsabilidad y hay confianza plena en la representación social”, dijo González Mocken.
“Esta demanda es injusta e improcedente y con satisfacción escuché que la coordinadora ofreció apegarse al debido proceso”, dijo Enrique Serrano Escobar, quien a su vez enfrenta otra denuncia por supuesto fraude en el desarrollo del Plan de Movilidad Urbana.
Dijo que carece de amparo porque un juez federal sobreseyó su solicitud y está atento a comparecer cuando lo requiera la autoridad competente, pero en este caso no ha sido citado a declarar.
“Aquí estoy y sin mayor temor, siempre me he conducido con honestidad y no tengo ninguna preocupación de comparecer ante el Ministerio Público”, afirmó el excandidato a gobernador.
Dijo que hacía acto de presencia en apoyo de sus compañeros de trabajo y que en la denuncia de Cabada “hay una persecución política y hay un claro propósito que corresponde a lo político electoral.
“Y lo ha manifestado, él tiene mucha insistencia en entregar el alumbrado público de la ciudad a una empresa privada y está forzando situaciones para obtener el voto del Congreso del Estado para un proyecto que Juárez no necesita y que dejará a la ciudad endeudada por 15 años”, afirmó.
La FGE reportó que se dará a la brevedad posible la copia del expediente que apenas está en proceso de integración y estudio por parte del Ministerio Público.
Los abogados de los imputados conocerán la acusación y los elementos de prueba presentados por el Municipio antes del tiempo considerado por la representación social, ya que no estaba agendada la comparecencia de los 25 exfuncionarios denunciados.