Juan de Dios Olivas/
El Diario
Rodrigo Cuarón Fernández, el hijo del secretario de Educación y Deporte, Pablo Cuarón Galindo, es administrador del club de futbol Bravos FC, al que el Gobierno del Estado busca apoyar “al menos facilitando la inversión” para un estadio.
Sin embargo, el funcionario estatal aseguró que no hay conflicto de interés en su caso ni en el de la secretaria de Innovación y Desarrollo Económico, Alejandra de la Vega, cuya familia es accionista del club deportivo que ella misma dirigió hasta antes de integrarse al gabinete de Javier Corral.
Cuarón Galindo dijo que no habrá recursos públicos en el proyecto y enfatizó que solamente se están creando las condiciones para que el sector privado realice esta inversión.
Consideró que no hay razón para una polémica por el proyecto de construcción del nuevo estadio ya que dijo que es como cualquier obra de impulso social que se esté haciendo a favor de la ciudad para fomentar su crecimiento.
“Creo que en Juárez tenemos que aspirar (a) hacer cosas grandes y en una de ellas es que tarde que temprano tener un equipo deportivo de primera división de futbol, para jugar contra los mejores equipos en la que algunos tienen una tradición de más de 100 años”, afirmó.
La semana pasada el gobernador Javier Corral anunció que este año iniciará la construcción de un estadio de futbol aquí, el cual podría ser “una digna casa de los Bravos”.
El mandatario agregó que dentro de las obras insignia que promueve su administración se encuentra una coinversión público-privada de los tres niveles de Gobierno, de distintas asociaciones y del sector empresarial. Sin embargo, al día siguiente el subsecretario de Gobierno, Ramón Galindo aclaró que no habrá inversión pública.
El anuncio fue cuestionado por organizaciones no gubernamentales que señalaron que la decisión de construir un estadio de futbol con la participación de recursos estatales debe someterse a una consulta pública.
Hernán Ortiz Quintana, director de Ciudadanos por una Mejor Administración Pública (Cimap), dijo que sería una pena que el Gobierno no tome en cuenta la opinión de la ciudadanía como, comentó, sucedió en el caso de la administración pasada.