Gabriela Minjáres/
El Diario
El nuevo proyecto de alumbrado público que impulsa el presidente Armando Cabada Alvídrez lo pretende garantizar con las participaciones federales que recibe el Municipio anualmente y que hasta ahora también se han comprometido en otras obras.
De modo que, al concesionar el servicio durante 15 años, el compromiso trascendería al menos a las cinco administraciones municipales siguientes.
Si bien el plan denominado “Juárez Iluminado” contempla cubrir el pago con lo que se recauda del Derecho de Alumbrado Público (DAP), al ser éste un ingreso mensual variable se deberá soportar con una garantía mayor para dar certidumbre económica y ser acreedor a un crédito bancario.
Por lo que si el Cabildo aprueba mañana el proyecto que les permita concesionar el servicio de alumbrado público, las autoridades solicitarán a su vez al Congreso del Estado la autorización para afectar las participaciones federales como garantía para la realización del proyecto.
Al menos así lo tiene contemplado el Gobierno municipal en el proyecto y además así lo obliga la Ley de Deuda Pública para el Estado de Chihuahua y sus Municipios.
Datos oficiales de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público federal señalan que el Municipio de Juárez tiene vigentes tres obligaciones financieras garantizadas con participaciones federales.
Se trata del crédito de 300 millones contratado en 2009 para realizar las obras del transporte semimasivo, los 2 mil 196 millones para el Plan de Movilidad Urbana en 2012 y el crédito de 348 millones obtenido en 2015 para el proyecto de alumbrado público.
Y aunque especialistas en administración pública consultados difieren respecto a si el nuevo proyecto de alumbrado público representará deuda pública para el Municipio, la ley establece que al Congreso estatal le compete autorizarle la afectación de las participaciones que les corresponden en ingresos federales, ya sea en garantía o como fuente de pago de los financiamientos y demás obligaciones que contrate.
La Ley de Deuda Pública define que son operaciones de financiamiento mediante las cuales se contrae deuda pública, las que deriven en la suscripción o emisión de títulos de crédito. También la adquisición de bienes, ejecución de obras o prestación de servicios, cuyo pago se pacte a plazos.
En el último caso, en el que se identifica el proyecto de alumbrado público, la legislación menciona que “en los casos a que se refiere esta fracción la deuda pública surgirá una vez que se hayan adquirido los bienes, se hayan ejecutado las obras o se hayan prestado los servicios”.
Con ello, agregan fuentes consultadas que pidieron la reserva de su identidad, queda a la interpretación si se considera deuda pública o no, porque al tratarse el alumbrado de un servicio público que se busca concesionar por un período de 15 años, se podría considerar que no es deuda porque técnicamente el servicio no se habría prestado en su totalidad.
Sin embargo, otros especialistas consideran que sí se trata de deuda pública, lo que intenta ocultar la actual administración, porque al quedar el proyecto garantizado con las participaciones federales, la Secretaría de Hacienda estatal deberá ordenar la afectación de las mismas.
También, porque la Ley de Coordinación Fiscal federal establece en el artículo noveno que las participaciones que correspondan a las entidades y los municipios son inembargables; no pueden afectarse a fines específicos, ni estar sujetas a retención, salvo aquellas correspondientes al Fondo General de Participaciones, al Fondo de Fomento Municipal y a los recursos que pueden ser afectados en garantía como fuente de pago de obligaciones contraídas o afectadas en ambas modalidades.
De modo que, al concesionar el servicio de alumbrado público durante 15 años, el compromiso trascendería al menos a las cinco administraciones municipales siguientes, aunque podría ser revocado con base en las cláusulas que en su momento se establezcan en el contrato.
De acuerdo con el diagnóstico ordenado por el Gobierno local para sustentar el proyecto, para cambiar las 109 mil 375 luminarias que hay en la ciudad se requiere una inversión de poco más de mil 446 millones de pesos.
Este monto, desglosa el estudio realizado por la empresa Diagnósticos y Servicios en Energéticos SA de CV (Diaseren), implicaría el cambio de todas las luminarias, más un 2 por ciento de stock (112 lámparas más), que tendrían un precio promedio individual de 7 mil 701 pesos y una inversión de 859.1 millones de pesos tan sólo por este concepto.
El resto de los recursos se gastarían en cables, conectores, postes, controles, mano de obra, armado e instalación, reestructuración de circuitos para medición, optimizador de voltaje, fotoceldas de tecnología LED con ocho años de garantía, mano de obra para la instalación de las luminarias, traslado y calificación de materiales y un monto equivalente a un 5 por ciento para imprevistos.
El documento agrega que, en una revisión histórica anual de la facturación por consumos de energía eléctrica del alumbrado frente a la que se recauda del DAP es variable y al menos el año pasado y 2015 hubo una diferencia a favor.
La revisión mensual del primer semestre de 2016 arroja que el monto promedio de facturación por consumo de energía eléctrica del alumbrado fue de 17.8 millones de pesos y del DAP 21.4 millones de pesos, lo que representa un saldo a favor de 3.6 millones de pesos.
Pero los especialistas alertaron que al operar todas las luminarias la facturación aumentará y el DAP posiblemente no, debido a los amparos que se promueven desde el sector empresarial para obtener la devolución del pago.
“Es un proyecto muy riesgoso porque cada año que se aprueba la Ley de Ingresos y se establece el cobro por el DAP, el Congreso del Estado podría decir que se baje o se mueva, por lo que por sí solo no puede ser una garantía y se ponen las participaciones”, explicaron.
Por lo que una opción que podrían considerar sería aumentar las tarifas del DAP con una variedad de argumentos, como el aumento del costo de la electricidad, cuando lo que buscarían es hacer sustentable el proyecto con “un sofisma”.
Otro aspecto que los expertos en administración pública destacaron es el período de concesión, ya que en el caso del alumbrado público ningún aditivo tiene una duración de 15 años. (Gabriela Minjáres / El Diario)
El plan
Para cambiar las
109 mil 375 luminarias
en la ciudad se requiere
de poco más de
mil 446 millones
de pesos
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