Fernando Aguilar/
El Diario
En pleno auge de las políticas de transparencia en la administración pública, el Congreso debió considerar que Luis Enrique Cuevas López, ex titular del Sistema de Urbanización Municipal Adicional (SUMA), enfrentaba una denuncia por presunta malversación de fondos antes de decidir contratarlo, señalaron sectores sociales.
Algunos dijeron que a pesar de que el exfuncionario sólo tiene la denuncia en su contra, el órgano legislativo tuvo que haber tomado en cuenta estos antecedentes por cuestiones de “honorabilidad”.
Cuevas López fue denunciado por la administración del alcalde Armando Cabada Alvídrez el 2 de marzo por un desfalco de 2 millones 18 mil 905 pesos a la descentralizada.
El abogado Sergio Conde Varela, representante de la asociación Patria Nueva, dijo que el Congreso tiene obligación de que haya claridad en las designaciones que realiza.
“Por prudencia, debe haber sentido común del Congreso. Tiene que justificar ese tipo de decisión. Aquí hay un problema (el presunto desfalco) y los ciudadanos no hemos sabido que se resolviera ese problema. ¿Cómo va a ser posible que sin resolverse se esté asignando un encargo, independientemente de que sea por honorarios?”, cuestionó.
Para Hernán Ortiz Quintana, director de Ciudadanos por una Mejor Administración Pública (CIMAP), el principal problema es que estas situaciones suceden cuando no hay un ejercicio de la justicia efectivo y rápido.
“Tiene una denuncia, pero si un juez no se pone a trabajar en el caso, no se resuelve el asunto, no se le puede tratar como un culpable. Y si ha hecho mal uso de los recursos lo puede volver a hacer. Mientras esté en el limbo y no haya claridad, la ciudadanía no sabe a quién le está confiando los recursos públicos”, señaló.
Desde la perspectiva de Jorge Arturo Echavarría Cruz, coordinador de Colegios de Abogados de la Federación Estatal de Abogados, la sola denuncia no es una cuestión que impida a una persona ocupar un cargo.
A juicio suyo, en estos casos el empleador es el que debe decidir a discreción si contrata a una persona que está bajo proceso penal.
“Hoy en día tenemos que privilegiar los principios que rigen el nuevo sistema especializado en materia penal. La presunción de inocencia es uno de los principios que prevalecen en estos juicios penales y la pura denuncia no es determinante como para coartarle la libertad de profesión, de trabajo, que es otro de los valores que contempla nuestra Constitución”, comentó.
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