Blanca Carmona/
El Diario
A poco más de un año de que entró en vigor la oralidad en materia Civil y Familiar, el sistema está rebasado, debido a que el personal y la infraestructura resultaron insuficientes aunado a la falta de experiencia de los operadores y a las carencias, denunciaron abogados postulantes.
Aunque la ley marca que las audiencias preliminares deben llevarse a cabo en un plazo entre 10 y 40 días, éstas se realizan en un período de dos a cuatro meses; la ratificación de divorcios voluntarios comenzaron a fijarse para finales de mayo y la aprobación del pago de pensiones alimenticias tardan tres meses. Entre otras irregularidades.
“El sistema de justicia tiene muchas deficiencias y eso va en detrimento de los derechos fundamentales de la ciudadanía, afecta al libre acceso a la justicia, al debido proceso y el respeto al interés superior de los menores”, denunció el abogado José Armando Alonso González.
“Para ratificar un divorcio voluntario las fechas están pasando el 20 de mayo. En el caso de los derechos y la protección de un menor se tardan en resolver mes y medio y fijan una audiencia dentro de un mes más, son tres meses los que el menor esta desprotegido, recibiendo maltrato, descuido y dejando de comer. El interés superior del menor está totalmente pisoteado, ¿por quién?, por los mismos jueces”, acusó el litigante Carlos Alberto Lomelí.
“Hay radicaciones –el inicio del procedimiento- que tardan hasta un mes cuando la ley establece tres días para hacerlo”, indicó la abogada Xochitl Iztel Flores Olave, comisionada de Equidad y Género de la Barra y Colegio de Abogados de Ciudad Juárez.
La situación también está provocando que se erogan gastos innecesarios en representación, dijeron los abogados al explicar que antes podían llevar de forma simultánea unos 20 casos y ahora, por el retraso, pueden atender cinco asuntos, pues deben esperar horas para el desahogo de diligencias porque las fechas y horarios programados no se respetan.