El Diario
2017-03-29
Veintiséis escuelas de diferentes niveles educativos han sido objeto de robos en lo que va del año, dio a conocer la Fiscalía General del Estado (FGE).
Solo dos carpetas de investigación han sido judicializadas con los probables responsables detenidos; el resto sigue en la etapa de investigación, informó Alejandro Ruvalcaba Valadez, vocero de la dependencia.
Agregó que desconoce si estas instituciones tienen antecedentes de hurtos, como ocurre con la Primaria Federico de la Vega, que fue saqueada por quinta ocasión en seis días.
Las pérdidas de esa escuela ubicada en el suroriente son cuantiosas, ya que han perdido ocho calentones, 12 motores de aire, los uniformes de la escolta y hasta mochilas con útiles escolares, informó la directora del plantel, Rosa Luisa Mendoza.
En respuesta a los cuestionamientos realizados a la Secretaría de Seguridad Pública por la falta de vigilancia preventiva hacia el plantel, el vocero Arturo Sandoval Figón dijo que se carece de personal para vigilar cada escuela.
Sin embargo, de acuerdo con la Ley de Seguridad Escolar –vigente desde el 2004– son autoridades en materia de seguridad escolar el gobernador, el fiscal, el secretario de Educación y los Ayuntamientos, además de los órganos de Gobierno de los organismos públicos descentralizados, cuya cabeza de sector sean la Secretaría de Educación y Cultura.
Esta ley tiene por objeto establecer las normas conforme a las cuales se llevan a cabo las acciones en materia de seguridad escolar.
Una de ellas es la creación de brigadas escolares que deben ser registradas por los gobiernos municipales y Educación.
El artículo 3 cita que la prevención y adopción de estas medidas y acciones son responsabilidad del Estado y corresponde atenderlas al Gobierno y a los Ayuntamientos, de acuerdo con su ámbito de competencia, con la participación de los sectores público, privado, social y en general de sus habitantes.
Mientras que el artículo 21, relativo a la brigada, menciona que ésta promoverá la participación de los vecinos en la consolidación de los programas y actividades relativas a la seguridad escolar.
También la colaboración en la vigilancia vecinal tendiente a proteger el patrimonio y entorno escolar, así como la participación de la autoridad municipal en las actividades de seguridad.
Desde la entrada en vigor de esta ley, las autoridades educativas no han impulsado la creación de estas brigadas escolares, que les da facultades hasta de pedir el cierre de negocios que impliquen un riesgo para la comunidad estudiantil, como los que expenden alcohol o solventes, de acuerdo con el archivo periodístico. (Luz del Carmen Sosa / El Diario)