Itzel Ramírez/
El Diario
Los jueces del Tribunal de Enjuiciamiento acordaron que a partir de que reciban casos que sean juzgados bajo el Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP) los reporteros tendrán que avisar a la administración cuando deseen ingresar a una audiencia pública y dejar todos sus aparatos electrónicos.
Ayer, aunque todavía no reciben asuntos juzgados con el CNPP, el personal de seguridad negó la entrada a El Diario al juicio oral 151/16 que se llevaba a cabo en la sala número uno de la Ciudad Judicial.
El guardia dijo haber recibido la instrucción de no permitir que la prensa ingrese a la sala si no se anuncian con el administrador del Tribunal de Enjuiciamiento, Tomás Magdaleno Carrillo.
Entrevistado sobre la nueva determinación de los jueces, Magdaleno señaló “los jueces se juntan los miércoles de cada semana y fue una sugerencia que se ventiló en la reunión, quieren no restringir sino que cada vez que vaya a entrar un periodista que avise a la administración para hacerles de conocimiento que no pueden entrar con aparatos electrónicos… porque toman fotografías o están videograbando las diligencias y cada juez al momento de la audiencia va a decidir (si pueden grabar o tomar fotos)”.
Al respecto, la coordinadora de jueces, Emma Terán Murillo, dio a conocer que esas serán las reglas para el ingreso de la prensa a partir de que conozcan de asuntos legislados bajo el CNPP y que la anterior situación fue una confusión.
“Será necesario que se notifiquen con la administración o el encargado de sala a fin de proporcionarles un gafete donde diga ‘Prensa’ para que estén ubicados. A la vez que cuando se identifiquen con el administrador o encargado de sala ya nada más darles una identificación, incluso dijimos que se les proporcionará anaqueles para que no entren con medios que puedan grabar o tomar fotografías”, afirmó Murillo.
“Todo eso porque así lo menciona el CNPP pero la asistencia está garantizada esa no se le restringe a nadie únicamente quedamos que sea a menos que se vayan a proyectar fotografías que afecten la dignidad de las personas pero será momentáneo lo que deberán salir”, agregó.
La juez indicó que los actuales juicios no hay restricción para el uso de cámaras y el registro de fotos y videos.
Respecto al principio de publicidad que es una de las bases del actual sistema de justicia penal, dijo “somos respetuosos de la publicidad, es un consenso de los jueces que las (audiencias sean privadas) sólo cuando se afecte la dignidad de la persona”.
Empero al ser cuestionada sobre la decisión del juez Sergio Alberto Benítez Díaz de hacer privada el juicio oral seguido en contra de Ociel Herrera Bustos, acusado de haber asesinado a su esposa e hijos, Murillo Terán “eso si es cuestión de cada Tribunal”.
Ven censura en prohibición
La prohibición de periodistas de acceder con dispositivos electrónicos a audiencias públicas es un retroceso en la transparencia de la impartición de justicia, consideró Leopoldo Maldonado, oficial del Programa de Protección y Seguridad de la organización Artículo 19.
“Es una justicia opaca, es una justicia de la que no se quiere rendir cuentas frente a la sociedad. (La resolución) manda un mensaje muy negativo en términos de opacidad, en términos de que no quieren dar la cara frente a la sociedad de cómo se está impartiendo justicia, porque la justicia no nada más interesa a las partes implicadas sino a la sociedad en general”, dijo Maldonado en entrevista.
El experto consideró que el acceso de los periodistas a audiencias públicas con dispositivos electrónicos está garantizado por la Constitución y tratados de derecho humano internacional.
“Una resolución en términos generales en donde se establezca que de manera absoluta el ingreso con dispositivos nos parece que es una medida totalmente”, comentó Maldonado en entrevista.
En ocasiones anteriores a este respecto se ha pronunciado Ricardo Nájera, titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión.
Nájera ha considerado que la prohibición de ingresar dispositivos electrónicos obedece a la obligación de respetar el principio del derecho humano de la víctima y también el derecho de presunción de inocencia del probable responsable. (Blanca Carmona/El Diario)
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