Blanca Carmona/
El Diario
El administrador del Tribunal de Enjuiciamiento, Tomás Magdaleno Carrillo, negó a periodistas de El Diario copias de las audiencias instruidas en contra de Ociel Herrera Bustos –acusado de haber asesinado a su esposa e hijos en el 2014–, luego de que el juicio oral fue declarado privado aunque por naturaleza es un proceso público.
El pasado 13 de marzo el juez Sergio Alberto Benítez Díaz “blindó” el juicio al atender, informó, una petición del acusado quien solicitó que lo declararán privado aduciendo que El Diario no ha respetado su presunción de inocencia y alegó un conflicto de interés respecto al trabajo informativo que realiza del juicio este medio informativo, a quien él y su esposa ganaron una disputa laboral y ahora teme represalias durante la cobertura del caso.
La decisión del tribunal se dio sin que Ociel o su abogado defensor Mario Espinoza Simental presentaran una sentencia en la materia laboral para confirmar el dicho del procesado, sin corroborar la información proporcionada por Herrera Bustos y sin tomar en cuenta el principio de publicidad que rige al actual sistema de justicia penal y previsto en el Artículo 20 de la Constitución Mexicana ni el derechos de los ciudadanos a estar informados.
Luego de que se decretó privado el juicio, Benítez Díaz dijo a El Diario que podía pedir una copia de las videograbaciones para mantener a los ciudadanos informados sobre el juicio, por lo que el pasado 16 de marzo una reportera de El Diario presentó la solicitud por escrito y el administrador del Tribunal, respondió que El Diario no es parte en el proceso y la diligencia se ha decretado privada.
“En relación a lo que solicita dígasele que no ha lugar a acordar lo solicitado en razón de que no forma parte en el presente juicio oral, ni ha sido autorizada por alguno de los intervinientes, máxime que la publicidad fue restringida por el juez oral que conoce del presente asunto, a solicitud del procesado, lo anterior en términos del artículo 29 Código de Procedimientos Penales para el Estado de Chihuahua”, indica la respuesta emitida el martes pasado a la petición de este periódico.
El asesinato de Reyna Arcelia Beltrán Ibarra y de sus tres hijos se cometió el 19 de mayo de 2014, entre las 00:00 horas y las 04:00 horas en la casa ubicada en la calle Cerrada de Samaria 451 interior 30 del fraccionamiento Jardines de San Pablo.
Después de que se decretó privado el juicio oral, sólo se tiene conocimiento de que en las audiencias han comparecido los vecinos del fraccionamiento Jardines de San Pablo pero se desconoce qué dijeron al juez.
El Diario informó que Herrera Bustos no trabajó ahí. El hombre ofreció sus servicios en el rotativo PM –Editora de la Frontera del Norte, en ese entonces–, donde se informó que estuvo de octubre de 2007 hasta la segunda mitad de 2008, bajo un régimen de honorarios como comisionista en el área comercial.
En noviembre del 2008 presentó una demanda laboral contra este rotativo y en diciembre de 2010 se firmó un convenio de terminación de la relación de trabajo y del juicio laboral, ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje donde él recibió una remuneración como liquidación.
Sobre Reyna Arcelia Beltrán, el periódico informó que ella laboró como comisionista en el área de publicidad, de octubre de 2002 al 13 de abril de 2009 y en febrero de 2011 dio cumplimiento a un convenio de terminación de relación laboral y del juicio luego de que ella recibió una indemnización.
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