Juan de Dios Olivas/
El Diario
En los primeros tres meses de la administración municipal que encabeza Armando Cabada Alvídrez prevaleció la asignación directa en el 90 por ciento de los contratos celebrados para ejecutar obras de gobierno, de acuerdo con un reporte oficial de la Dirección General de Obras Públicas.
Para llevar a cabo esta modalidad de adjudicación utilizada en trabajos de pavimentación, construcción de cuartos en colonias, parques comunitarios, de alcantarillado y electrificación, entre otros, los proyectos fueron fraccionados o divididos para entregarse a varias compañías y ajustar los montos de sus costos a lo que establece la normatividad vigente.
Esta política adoptada por el actual Gobierno es cuestionada por la Sindicatura, regidores y hasta exregidores quienes advierten un impacto en el costo de esas obras, pues consideran que el Municipio no privilegió el menor precio y la mejor calidad.
Además, los entrevistados coinciden en que perciben un presunto manejo discrecional de los recursos públicos y probables anomalías, entre las que señalan que la mayor parte de los contratos sobrepasan el monto permitido para este tipo de adjudicación y un posible conflicto de intereses en al menos dos de las obras asignadas al actual titular del Instituto Municipal de Investigación y Planeación (IMIP), Roberto Mora Palacios.
Ante esta situación, el director de Obras Públicas municipal, Gerardo Silva Márquez señala que el principal argumento para utilizar la asignación directa en vez de la licitación pública, fue la falta de tiempo.
“No es que se decida, simplemente no teníamos de otra”, dijo el funcionario al ser abordado sobre el uso en el Municipio de ese esquema, que de acuerdo con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación y Obra Pública del Estado de Chihuahua es permitido sólo bajo determinadas circunstancias.
Se tenían que utilizar recursos que debían ejercerse antes del 31 de diciembre del 2016, por tratarse en su mayor parte de fondos federales, lo que dejó fuera la alternativa de la licitación pública, explicó el funcionario.
Aseguró que el fraccionar los proyectos entre varias constructoras no demerita la calidad de las obras.
“No se puede invertir algo si no hay proyecto y de muchas cosas no había proyectos. Estos fondos los pudo haber usado perfectamente la Administración pasada. Si nosotros no nos damos a la tarea de hacer todo ese trabajo, (los recursos) se hubieran perdido. Todo esto lleva tiempo, no se hace de un día para otro”, refiere.
Se contactó a Mora Palacios para conocer su postura ante los señalamientos en su contra, pero éste se abstuvo de emitir comentarios.
En tres meses, más de 100 contratos
Del 10 de octubre al 31 de diciembre del 2016, el Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública, responsable de los concursos en la administración municipal, asignó un total de 105 contratos de obras a constructoras locales, en los que se ejerció un presupuesto de poco más de 170 millones de pesos proveniente de recursos federales y municipales.
El procedimiento de asignación directa se utilizó en 94 de los casos. Nueve de ellos se abrieron a la participación de más empresas mediante el procedimiento de “invitación a cuando menos tres” y en dos únicamente, se recurrió a la licitación pública para permitir una mayor participación de compañías y buscar la mejor oferta en la compra de mezcla asfáltica fría, se informó.
Los contratos adjudicados directamente fueron para construir mil 636 cuartos, una escalinata, hacer obras de alcantarillado y electrificación y para rehabilitar centros, parques comunitarios y un gimnasio.
Los contratos asignados por invitación a cuando menos tres empresas, fueron 11 proyectos de pavimentación, uno para edificar una escalinata y otro, para banquetas, de acuerdo con datos oficiales.
Las obras debieron haber iniciado en distintas fechas del mes de noviembre y terminado algunas el 30 de diciembre del 2016, otras a más tardar a finales de febrero. Solamente cinco proyectos de pavimentación estaban pactados para terminar en marzo y abril de este año, pero en el caso de los cuartos, en la primera semana de marzo se reportaba apenas un avance del 20 por ciento.
Este último programa que contempla habitaciones con una dimensión de 4.3 por 3.3 metros, se aplica en 38 colonias ubicadas en zonas de atención prioritaria.
Entre esas colonias están: la Ampliación Fronteriza, Plutarco Elías Calles, Gustavo Díaz Ordaz, Francisco Sarabia y 16 de Septiembre, así como la Tarahumara, Kilómetro 29, Lázaro Cárdenas, Palo Chino, Granjas del Desierto y Francisco I. Madero.
El reparto
En total, suman 50 los proveedores de ese tipo de trabajos que fueron beneficiados por esa modalidad de asignaciones directas.
Todas las empresas están adheridas a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) a la que pertenece el titular de Obras Públicas y con las que el alcalde realizó un compromiso de campaña para privilegiar a compañías locales con las obras municipales.
La promesa cumplida fue reconocida por el organismo empresarial a través de un desplegado difundido en las mismas redes oficiales el alcalde “a 83 días de iniciada la Administración municipal”.
“Siempre hemos pugnado porque la obra pública se asigne de una manera transparente y sin corrupción, esto fue planteado en su momento al entonces candidato a presidente municipal”, dice el escrito que enfatiza que también se rescataron recursos públicos “que prácticamente ya se habían perdido”, los cuales fueron asignados a empresas juarenses.
“Eso está muy claro y es muy sencillo, en Administraciones pasadas todo el trabajo se lo llevaban 3 o 4 empresas y que eran de fuera de Juárez, eso afectaba. Ahora todas las obras se repartieron a bastantes empresas y empresas locales, así de sencillo y por eso el agradecimiento”, abunda.
Indica que ese esquema no demerita la calidad de las obras, como se les cuestiona.
“Esa es obligación de la Dirección General, de tener cuidado a quien se le asignan los contratos, si la empresa es solvente, si nunca ha tenido problemas, si tiene buena calidad”, agrega.
En el listado de obras aparece un contrato asignado al exdirector de Obras Públicas en la pasada Administración, Manuel Ortega Rodríguez, para la edificación de cuartos.
También el titular del IMIP, Roberto Mora, recibió dos de los contratos para su empresa Desarrollos de Proyectos de Ingeniería, uno por un monto de 1.5 millones de pesos para construir 35 cuartos rosas y otro por 1.6 millones para la rehabilitación de un parque comunitario ubicado en la calle Helio y Grafito de la colonia Cazadores Juarenses.
En este último caso las obras fueron asignadas antes de que Mora asumiera como titular del Instituto, pero estas aún se encuentran en proceso, no están terminadas, de acuerdo con reportes difundidos por la misma Dirección de Obras Públicas.
Reclaman sobreprecios
El síndico Aarón Yáñez, subraya que esa situación genera un conflicto de intereses y hay probable tráfico de influencias ya que el director del IMIP debió renunciar a las obras o el Municipio cancelar los contratos.
Cuestionado sobre las observaciones de la Sindicatura, Mora se abstuvo de emitir comentarios.
La Sindicatura asegura que ha documentado que en algunos de los contratos, los montos permitidos para la asignación directa fueron sobrepasados.
Las obras van de un millón 486 mil 342 pesos en adelante, cuando la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contrataciones de Servicios y Obra Pública del Estado establece un monto tope de un millón 466 mil 278 pesos con un salario mínimo vigente en el 2016 de 73.04 pesos.
Para el regidor panista e integrante del Comité Técnico Resolutivo de Obras Públicas, Hiram Apolo Contreras, el método de asignación directa impacta directamente las finanzas públicas al no haber competencia para elegir la mejor opción en cuanto a precio y calidad, además de la probable violación a la normatividad vigente por la división de los obras para entregar su realización a varias empresas a la vez.
“Habría que ir a la calle para ver en qué condiciones se encuentra. En apariencia hay una probable violación a la Ley de Obra Pública porque no pueden fraccionar una misma obra. Los cuartos rosas, en la misma situación, aplica el mismo criterio, pero eso lo tendrá que determinar la Contraloría Federal”, afirma.
El edil indicó que el hecho de que se utilice ese esquema, deja sin posibilidades a otras empresas y en el caso particular del IMIP, pone en entredicho su autonomía.
“La mayoría de los beneficiados son gente que pertenece a la CMIC, donde muy probablemente el presidente municipal tiene o está generando ciertos compromisos. Lo mismo corre en el IMIP cuyo autonomía queda en entredicho al tener su titular dos contratos de obras con más de 3 millones de pesos asignados en forma directa”, añade.
‘No había tiempo’
El principal argumento del director de Obras Públicas, para utilizar la asignación directa en vez de la licitación pública, es la falta de tiempo.
Señala que es el Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública el que determina el método y asigna la obra y no él como se le ha cuestionado por diferentes actores políticos.
“El director de Obras Públicas no está facultado para hacer una asignación directa, es el Comité de Obra Pública. Yo no puedo decir a quién, tengo que convocar al Comité donde participan regidores y funcionarios, que es de evaluación y justificar el tipo de concurso que se realizará basado en el artículo 79 o el artículo 80”, manifestó.
Este órgano es encabezado por el presidente municipal, el secretario del Ayuntamiento, los directores de Obras Públicas, de Desarrollo Urbano y el tesorero, así como regidores de las comisiones edilicias de Hacienda y de Obra Pública.
Indicó que el Comité definió el método de asignación directa para evitar que se perdieran los recursos provenientes de programas como Hábitat, el Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM), Pronapred y Fortamun.
“No es que prevalezca (la asignación directa), necesitan quitarse esa idea. El año fiscal para todas las dependencias se cierra el día último del año y así lo requieren los diferentes fondos de donde se obtienen estos recursos. Si no se comprometen esos recursos para antes de que se cierre el año fiscal, se corre el riesgo de que se pierdan”, explica.
Silva Márquez señala que se requieren mínimo 25 días para una licitación pública abierta y no se tenía ese tiempo disponible.
En el caso de los montos, asegura que la Ley permite montos mayores a los topes que se contemplan, por situaciones como el tiempo.
“El artículo 79 limita las asignaciones directas a un monto de 1.7 millones de pesos. Si rebasa ese monto tenemos que basarnos en el artículo 80 que dice que siempre y cuando exista un riesgo económico de perder los fondos, se puede asignar montos mayores. Todo eso se le explica al Comité, se hace un análisis y el Comité es el que dictamina realizar asignaciones directas, no es el director, tienen que quitarse esa idea”, puntualiza. (Juan de Dios Olivas / El Diario)
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