Karen Cano/
El Diario
Ante las recientes amenazas de bomba en lugares públicos que al final resultan falsas, la Dirección de Protección Civil del Municipio lanza un exhorto para que no se haga mal uso de los números de emergencia.
Efrén Matamoros, titular de la dependencia, advirtió que quien haga este tipo de bromas puede ser sancionado hasta con cárcel.
“Le pedimos a la gente que no siga utilizando el sistema de emergencia para hacer bromas. Nosotros igual nos tomamos en serio todo reporte y acudiremos, pero de dar con el responsable de una llamada como esta, podría incluso ser sancionado con una fuerte multa y unos días de cárcel”, indicó.
Dijo que los operativos especiales que se realizan en atención a estos llamados tienen costos que se estiman en miles de pesos, además de que se desvía la atención a emergencias reales que pudieran estar sucediendo en el mismo momento.
Mencionó que tan sólo el costo horario de una unidad de bomberos es de 3 mil 50 pesos, eso sin costar el salario de los bomberos que van en ella y el gasto del combustible que es diesel.
“Ya se están tomando otras medidas para que en cuanto llegue una llamada como esta se busque inmediatamente el número para localizar al propietario del teléfono”, señaló.
El director de Protección Civil informó que diariamente su departamento atiende un promedio de dos llamadas que denuncian hechos falsos. En lo que va del año, añadió, van al menos tres llamadas que se hacen anunciando bombas.
Tal es el caso del reporte hecho el pasado miércoles que paralizó las actividades de la Unidad de Medicina Familiar (UMF) 48 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
“Afortunadamente no se encontró nada, se revisó rincón por rincón, lugar por lugar, hasta que terminaron. Duraron como tres horas, incluso se tuvo que detener el tráfico; una persona se puso enferma y tuvo que ser trasladada a otro hospital”, dijo Matamoros.
Reportes periodísticos señalan que tan sólo en lo que va de este año van tres llamadas que originan intensos operativos al denunciar supuestos artefactos explosivos escondidos en lugares públicos.
El 23 de enero, una amenaza de bomba obligó a suspender clases en el Instituto de Ciencias Sociales y Administración (ICSA) de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), donde los alumnos tuvieron que ser evacuados.
Luego, el 2 de febrero, una llamada similar se efectuó denunciando el hecho en las oficinas de la Subdelegación II del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), reporte que puso en alerta al Ejército y a elementos de corporaciones policiacas y de seguridad de la ciudad.
“Le pedimos a la ciudadanía que no permita que se utilice el teléfono para este tipo de llamadas”, reiteró el funcionario. (Karen Cano / El Diario)
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